Por Alejandra Ojeda Garnero

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Ricardo Silberstein, en diálogo exclusivo con Conclusión, desarrolló diversos temas que están hoy en el eje de discusión de la sociedad en su conjunto. De esta forma se refirió al nuevo sistema de justicia penal que lleva más de tres años de su puesta en marcha. También cuestionó la modificación en la baja de la imputabilidad al mismo tiempo que se refirió a la edad jubilatoria de los jueces en relación al nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

También se pronunció en relación al funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación y en la posibilidad de firmar un convenio con Nación para la entrega de 100 millones de pesos para dotar de mayor tecnología para las investigaciones penales y adelantó que el nuevo edificio de Justicia Penal de Rosario estará finalizado para fines de marzo.

Consultado sobre el balance del funcionamiento de la justicia penal que es la que se encuentra siempre bajo la lupa de la sociedad, dijo que “el nuevo sistema de justicia penal se va estabilizando, funcionando cada vez mejor, un cambio de 180 grados no es sólo cambiar las leyes sino la cultura”.

“Este sistema acusatorio está estructurado y lo está tomando la Nación y otras provincias, por lo tanto la discusión sobre la efectividad ya no es tema de discusión, por lo menos en Latinoamérica, seguir este tipo de proceso acusatorio”, sostuvo Silberstein.

En relación al funcionamiento del nuevo sistema aclaró que “si bien en un inicio se generaron algunas rispideces con los fiscales, ya que el sistema funciona en la medida que los fiscales tengan una posición activa, como sucede ahora, desde el punto de vista de la acusación y que sean cuidadosos con los juicios abreviados, es decir que los fiscales deben actuar en su función acusatoria mientras que los jueces deben ser imparciales”, y resaltó que “los fiscales deben tener una actitud activa como acusadores y si existen jueces que no son imparciales vamos a tener una estructura en beneficio del imputado”, y resaltó que “los actores deben trabajar en función de la ley y de su  correcta interpretación”.

También destacó que en “este nuevo sistema hay nuevos delitos que se investigan y no pasaba eso en el sistema anterior y por los cuales ahora se llega a una condena, como los delitos sexuales y también se investigan delitos económicos y de estafas que antes quedaban en el olvido, con lo cual el sistema de persecución penal tiene efectividad  y como resultado hay personas detenidas y procesadas”, en este sentido remarcó que “el sistema acusatorio está empezando a funcionar de manera más aceitada”.

«La investigación penal hoy tiene una directa relación con la tecnología y la Policía de Investigaciones cuenta con elementos de vanguardia pero son los primeros pasos, debe tener una mejor estructura de investigación más aggiornada, más moderna», dijo.

“Eso tiene que ver con una ley nacional, porque la estructura y las herramientas son fundamentales, por más que haya buenos fiscales si no cuentan con las herramientas necesarias y recursos no va a ser eficiente”, añadió.

Por otra parte, y en relación a los recursos para el MPA, manifestó que “estoy por cerrar un convenio con Nación en el cual se le entregaría a la provincia de Santa Fe 100 millones de pesos para comprar instrumentos de laboratorio y demás elementos para tecnificar el Ministerio Público de la Acusación”, para una mejor calidad en las investigaciones.

En el mismo sentido, destacó que “un tema no menor es el trabajo conjunto de los fiscales federales con los provinciales porque eso le da mayor efectividad a la persecución penal, porque el narcotráfico cruza la mayor parte de los delitos, por lo tanto se cruzan las competencias y ese tipo de planteos beneficia siempre al imputado”.

En relación a la reforma del Código Procesal Penal, entiende que “los procesos son un modo de producción de verdad, es una manera de resolver los conflictos y si se hace de forma eficiente en relación al los valores de la sociedad, es bueno o malo en función que dé respuesta, que respete los valores esenciales de un Estado democrático”.

El nuevo sistema de persecución penal “lo que se busca es resolver los conflictos respetando los derechos esenciales, los derechos humanos, que la persona se pueda defender en un proceso justo y pueda ejercer su defensa y que juegue el principio de inocencia, si se respetan esos principios esenciales conforme a los valores de la sociedad el sistema es eficiente”.

En cuanto a la baja de la edad de imputabilidad “tengo un abordaje diferente al que plantea la Nación”, y aclaró que “las personas que no se encuentran dentro de la edad de imputabilidad permanecen hacinadas en lugares inapropiados y sin un debido proceso, lo cual configura un hecho grave”.

En esos casos, “no hubo un proceso de producción de verdad que determine quién cometió delito. Y en este sentido el problema del menor es que queda afuera del proceso judicial y la discusión pasa por analizar qué hacemos con esos chicos”.

“La problemática es de mayor complejidad y lo que más me preocupa son los chicos que quedan afuera de la edad de imputabilidad porque esos son los verdaderos condenados,  porque los estamos colocando en una situación de mayor vulnerabilidad”, señaló Silberstein.

Y en el mismo sentido, agregó que “hay una enorme hipocresía porque se dice que se va a dar una respuesta y la respuesta no ha sido efectiva en ningún caso”.

Sobre la nueva disposición de la edad jubilatoria de los jueces en cuanto a la resolución de la Corte Suprema de la Nación, dijo: “Celebro la decisión porque yo había sido crítico en relación con el juez Fayt, en su momento no compartí los criterios del fallo anterior de la Corte respecto de que no haya una edad, en relación a lo establecido por la Constitución Nacional”.

“Creo en la limitación de los poderes, el poder absoluto no es bueno para ninguno de los tres poderes, para que haya un verdadero Estado Republicano tiene que haber una limitación de poder para todos”, señaló el ministro.

En cuanto a los 75 años como edad límite para ejercer el cargo “es una limitación de poder, y en ese sentido la persona sabe que tiene que estar hasta los 75 años y luego salvo que el Congreso de la Nación y el presidente considere que debe seguir, envíe el pliego y consiga el asentimiento, me da la impresión que es lo que corresponde, porque por otro lado los jueces juran respetar la Constitución y son las reglas de juego que cada uno acepta cuando asume como juez”.

En relación a la provincia de Santa Fe, el fallo “puede tener impacto con lo dispuesto por el fallo Iribarren en relación a la interpretación que se realice en nuestra provincia”, y agregó que de todos modos, “hay un solo juez que tiene cumplidos los 75 años y otro que está próximo a cumplirlos”.

Por su parte, sobre el traslado de la Justicia Penal al nuevo edificio, ya que se afirmó que la finalización de la obra sería hoy, «le hemos pedido a la Corte los requerimientos que necesitan porque no estaba determinado lo que va adentro del edificio, es decir no estaba previsto si el Poder Judicial se hace cargo o necesitaba colaboración del Ejecutivo para las instalaciones internas. Estamos esperando que la Corte nos informe los requerimientos ya que el edificio estará terminado a principios de abril, pero para concretar la mudanza hay que realizar determinadas tareas para su funcionamiento».

Mientras, en cuanto a la supuesta negativa de los fiscales a trasladarse al nuevo edificio expresó: “Hicimos un convenio con la Corte, porque si bien el edificio lo construye el Ejecutivo es para el Poder Judicial, le pedimos a la Corte que defina quiénes van a ocupar el nuevo edificio”. Y agregó: “Si bien el edificio ya está terminado, no va a poder ser utilizado porque internamente faltan las conexiones para el funcionamiento y definir a qué lugar va cada una de las estructuras”.