El ex jefe, el ex subjefe y seis agentes penitenciarios que se desempeñaban en la cárcel bonaerense de General Alvear fueron destituidos de sus cargos por su presunta responsabilidad en la fuga que protagonizaron en diciembre los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci, condenados por el triple crimen de General Rodrí­guez, ocurrido en 2008.

En el plano judicial, estos ex funcionarios están procesados por facilitar la evasión del penal e incumplimiento de sus deberes, pero permanecen en libertad mientras se sustancia la causa en su contra.

La decisión de destituirlos fue adoptada por el Ministerio de Justicia bonaerense y recayó sobre el ex jefe de Complejo, inspector mayor Jorge Mario Bolo; el ex subdirector del penal en el momento de la fuga, prefecto mayor Manuel Guebara y seis subordinados que ya estaban apartados de esas funciones tras ocurrir la fuga.

Una fuente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) explicó a Télam que «cuando ocurre una fuga se inicia un sumario interno para deslindar responsabilidades del personal que estaba a cargo al momento del hecho y en este caso los sumarios concluyeron que había, al menos, una conducta negligente al no evitar la fuga de los condenados, por lo que se dispuso su destitución».

Las sanciones, que ya habí­an sido dispuestas en abril, quedaron firmes ahora por la resolución 175 del SPB, tras rechazarse todos los planteos presentados por la defensa de los ocho penitenciarios.

En la resolución, también se dispone que se remitan las actuaciones a la Asesorí­a General de Gobierno para determinar el grado de responsabilidad que pudiera tener Florencia Piermarini, en ese entonces Jefa del SPB.

Además de Bolo y Guebara se dispuso la destitución de los agentes adjutores Luciano Labat y Ramiro Sebastian Toleres, del sargento primero Ernesto Alejandro Cancela, del subprefecto Cesar Luis Tolosa y de los prefectos Jorge Elichiribehety, y Juan Pablo de Dios Beolchi.

Todos fueron investigados en una causa que llevó adelante el fiscal de General Alvear, Cristian Citterio, y el juez de garantías de Azul, Federico Barberena, quien los procesó por facilitar la evasión e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Paralelamente, se tramita otra causa por el ataque a tiros que sufrieron dos policías de la localidad de Ranchos cuando los prófugos escapaban y que es investigada por el fiscal de Coronel Brandsen, Mariano Sibuet, y el juez de garantías platense César Melazo.

Una fuente judicial explicó hoy a Télam que Melazo le pidió al juez de Azul que se declare incompetente en el expediente referido a la fuga y se la remite a él, a lo cual se opuso Citterio y fue enviado a la Cámara de Apelaciones de La Plata para que resuelva.

Luego de dos meses, en las últimas horas el tribunal de alzada dispuso que todo se unifique en una sola causa que tramitará Sibuet, por lo que Citterio les enviará en breve la causa.

El fiscal de General Alvear solamente continuará investigando al ex subsecretario de Política Criminal César Albarracín por el retiro, dos meses antes de la fuga, de una cámara que grababa los movimientos de los presos las 24 horas en el sector de sanidad donde estaban alojados.

Los hermanos Cristian (44) y Martí­n Lanatta (42) y Ví­ctor Schillaci (35) se fugaron del penal de General Alvear el 27 de diciembre del año pasado.

Los tres hombres, junto a Marcelo Schillaci (hermano de Ví­ctor), estaban alojados en esa cárcel tras ser condenados a prisión perpetua por el triple crimen de Sebastián Forza (34), Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35), cometido el 13 de agosto de 2008 en General Rodrí­guez.

Para concretar la fuga, los evadidos robaron un Fiat 128 que se hallaba estacionado en el penal, y tomaron de rehén a un guardiacárcel, a quien liberaron a las pocas cuadras de escapar.

Los condenados se mantuvieron prófugos durante varios dí­as, hasta que fueron recapturados el 11 de enero en la provincia de Santa Fe, en medio de un fuerte operativo de seguridad del que participaron fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.

Actualmente, los tres hombres están alojados en el penal de máxima seguridad de Ezeiza.