Un nuevo caso de narcolepsia tuvo como protagonista a un taxista. El joven chofer fue denunciado por un pasajero y luego interceptado cuando transportaba a otras dos personas, en Montevideo al 3800.
Ocurrió el sábado a la noche, pasadas las 22, en plena jornada laboral. El chofer, de 25 años, fue abordado por agentes tras previo seguimiento por GPS, activado después del aviso telefónico que un hombre que acaba de bajarse del vehículo dio al 147.
El taxista tuvo que someterse al test de narcolemia y el resultado fue positivo: había consumido marihuana y cocaína. Mientras que el test de alcoholemia le dio negativo.
Como consecuencia, el coche fue remitido al corralón y no prestó servicio el resto del fin de semana. Además, se caucionaron las chapas y ahora la Secretaría de Movilidad deberá decidir qué medida tomar contra el conductor. La sanción también podría alcanzar al titular de la licencia.
En ese marco, el concejal radica Jorge Rosario Boasso presentó un proyecto para extender los controles de narcolemia a choferes de vehículos afectados al servicio público, como patrullas policiales, transporte urbano de pasajeros, taxis, remises, ambulancias del Sies y de cualquier otro efector público.
“Los controles a realizarse sobre choferes afectados al servicio público, se realizarán de manera tal de no afectar el normal desenvolvimiento y desarrollo de sus funciones. Por ello el proyecto sugiere que se realicen en las distintas dependencias antes de que los vehículos sean afectados al servicio”, detalló el edil radical.
La nueva propuesta es impulsada a raíz de los resultados obtenidos con la implementación de la Ordenanza 9.195/14 Programa de Prevención y detección de drogas en conductores vehiculares y la necesidad de implementarlos en los conductores de vehículos afectados al servicio público.
Boasso remarcó: «Hay que garantizar la seguridad vial evitando siniestros que afecten a conductores y terceros. Por ello, la importancia de realizar los controles de narcolemia a todos aquellos que tienen la responsabilidad de transportar personas y de prestar un servicio público a la comunidad».
Además, la iniciativa prevé que el municipio disponga una línea telefónica gratuita a efectos de que los usuarios de servicios públicos, que adviertan comportamientos extraños en los conductores, puedan realizar una denuncia solicitando la realización de exámenes toxicológico.
Para finalizar Boasso se refirió a las sanciones y dijo que “en el caso de que el test resulte positivo, se penará con multa y retiro de la licencia de conducir, como lo establece la actual ordenanza, y por tratarse de servicios públicos se deberá realizar la inmediata comunicación a la autoridad designada por los ministerios o reparticiones correspondiente”.
