Las dos causas que debe enfrentar la banda de Los Monos, serán juzgadas en audiencias orales y públicas. Así lo resolvió el juez de Sentencia Edgardo Fertitta donde desfilarán los 25 procesados.
Las causas que se ventilarán en el debate son la 913/12 por asociación ilícita contra la banda de “Los Monos” y otra, donde sólo tres de los integrantes deberán responder por el homicidio de Diego Demarre.
Si bien la mayoría de los abogados defensores de los procesados impulsó este pedido, otro grupo de defensores no está de acuerdo con la medida y van a recurrir la resolución.
Los defensores que no aceptan la oralidad del debate tienen el plazo de una semana para apelar la decisión del juez Fertitta, por lo tanto, la semana próxima se conocerá si queda firme la resolución.
El magistrado argumentó su decisión en el aval de la mayoría de los imputados para que el debate sea oral y público y por el interés social que tiene la causa. Además, por la cantidad de efectivos policiales involucrados en la misma.
Fertitta resolvió que tanto el caso por asociación ilícita como la causa Demarre deben juzgarse en un mismo debate por razones de conexidad subjetiva y objetiva y economía procesal determinan que ambos procesos deban tramitarse conjuntamente y bajo la misma modalidad.
En tanto los defensores que solicitaron el debate oral argumentaron su postura en el escándalo jurídico que significaría no ya sólo el dictado de sentencias contradictorias, sino también los distintos vaivenes durante el trámite que la misma causa pudiera afrontar, si se tramita en forma separada. En estrecha relación a cuestiones relativas, a planteos sobre la prueba, nulidades, situaciones que no permitirían y sería absurdo que tuvieran tratamiento y soluciones contradictorias. Otro argumento de la defensa refiere a que tratándose de una sola causa con múltiples imputados no puede partirse y mucho menos desoírse la voluntad del imputado con derecho al trámite oral y público.
Por su parte los abogados de los policías Cristian Floiger, Omar Lescano, Juan José Raffo, Germán Herrera, Eduardo Enríquez y el prefecto Roberto Otaduy rechazaron la resolución.
