Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques volvieron a pedir hoy las indagatorias de la ex presidenta Cristina Kirchner y otras 33 personas acusadas por fraude al Estado en haber otorgado obra pública entre 2003 y 2015 al empresario Lázaro Báez.

Lo hicieron al acompañar unas 227 evidencias del requerimiento hecho ante el juez Julián Ercolini y en los que solicitaron las indagatorias  de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; los ex subsecretarios de Obras Públicas Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez, Hugo Manuel Rodríguez y Abel Claudio Fatala.

También apuntan a Carlos Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal; el ex director Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti; a los ex subadministradores de la Dirección de Vialidad Julio Ortiz Andino, Sandro Férgola y Carlos Alonso; a los ex gerentes de DNV Francisco León, Norma Villareal, Sergio Passacantando; a los ex gerentes de Obras y Servicios Viales de la DNV Víctor Francisco Farré y Jorge Eduardo Gregorutti; a los ex gerentes de Planeamiento, Investigación y Control y Gerencia de Obras y Servicios, Eduardo Lence, Gustavo Gentili y Fernando Abrate.

Asimismo, volvieron a pedir la indagatoria de otros ex funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad: Ernesto Morilla, Juan Carlos Villafañe; Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Gustavo César Torres, Juan José Ramón Berraondo, Héctor René Jesús Garro, y José Raúl Santibañez.

Los pedidos de indagatorias también fueron para el empresario Báez, su hijo Martín; así como Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones; de Fernando Javier Butti, quien en representación del empresario compró la firma Kank y Costilla SA; y Myriam Costilla.

La fiscalía reiteró en su pedido de indagatoria que la sospecha es que «mientras el empresario Lázaro Báez –amigo personal y socio comercial del matrimonio Kirchner– era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, paralelamente le garantizaba a la ex familia ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros» esto último lo que se investiga en el caso Hotesur.

Según evaluó la fiscalía, Lázaro Báez recibió el 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz, y ésta sola provincia recibió por parte de los Kirchner el total de licitaciones que recibieron otras seis.

Pollicita y Mahiques evaluaron al reclamar las indagatorias un total de 17 licitaciones de obras de rutas que los Kirchner entregaron al grupo Báez.

En tanto, en el nuevo pedido de indagatorias señalaron los fiscales que «se han consultado distintos expedientes que funcionaron como «casos testigo» a los fines de corroborar en los casos en concreto cómo se llevaban a cabo los procesos de licitación de las rutas que eran adjudicadas al Grupo Báez».

Para la fiscalía existió una «matriz general de corrupción» por la concesión de obra pública durante el kirchnerismo a las empresas del grupo Báez.

«Todo ello, nos permitirá concluir que se encuentran reunidos en autos los elementos de convicción suficientes para tener acreditado el grado de sospecha necesario para convocar a las personas enumeradas en declaración indagatoria, y por lo tanto, no se vislumbran razones para demorar el cumplimiento de la medida solicitada», señalaron en el escrito.

En ese sentido, evaluaron «la necesidad de avanzar sin demoras en la investigación, juzgamiento y sanción de hechos de corrupción como el que aquí nos ocupa» ya que es «deber del Estado Argentino y, en particular, de los jueces y fiscales como operadores del servicio de justicia a partir de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de corrupción».