Uno de los organizadores de la fiesta electrónica que tuvo lugar en Punta Stage, en la localidad de Arroyo Seco, el pasado 31 de diciembre en la que dos jóvenes murieron producto del consumo de estupefacientes, fue detenido hoy, mientras que la Justicia dispuso la captura otro empresario.

Fuentes judiciales informaron que la medida fue ordenada por el juez federal de Rosario Carlos Vera Barros, quien además no hizo lugar al pedido de la fiscalía de detención al propietario del boliche «Punta Stage» así como un encargado.

Asimismo, el magistrado se declaró incompetente ante los pedidos de indagatoria del intendente de Arroyo Seco, Nizar Esper, un inspector y un policía provincial.

El fiscal de Rosario Mario Gambacorta y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Diego Iglesias, habían solicitado las detenciones de Alan Van Broock y Gino Piazzese Scaglia, de la empresa organizadora «Live Art Producciones»; de Germán Pablo Dalinger, representante legal y gerente de «Punta Stage»; y de Esteban Gómez, encargado de ese lugar; acusándolos de «haber creado el marco propicio que facilitó la comercialización y el uso de sustancias estupefacientes».

Esta mañana Van Broock quedó detenido a disposición de la justicia, mientras se aguarda la aprehensión de Piazzese Scaglia.

También habían reclamado la indagatoria del intendente de la localidad de Arroyo Seco, Nizar Esper, y del inspector municipal Albín Ricardo López, ambos por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La fiesta electrónica «Sasha New Years Eve Party» fue en la noche del 31 de diciembre de 2016 en el complejo «Punta Stage», en donde perdieron la vida Lucas Liveratore, de 34, y Giuliana Maldovan, de 20, a raíz del consumo de estupefacientes.

Por las muertes se sigue una causa judicial en la Justicia provincial, pero los fiscales Gambacorta e Iglesias intervienen a raíz que testigos dijeron que en la fiesta había personas que comercializaban estupefacientes y también por si los dueños del local comercial referido y/o los organizadores de la fiesta electrónica, facilitaron el lugar para que se realicen esas ventas.

En la acusación, los fiscales recordaron que del contrato de la productora con «Punta Stage» surge  que el precio del alquiler no incluía el servicio de emergencia médica, adicional de policía y adicional de tránsito, como así también que Live Art Producciones  era el responsable del personal de seguridad, y del manejo de las barras.

«Durante el transcurso del evento, existieron una serie de graves irregularidades que facilitaron la comercialización, libre circulación y consumo de sustancias estupefacientes», acusaron los fiscales.

En ese sentido, recordaron que los testigos dijeron que el control de ingreso fue sumamente permeable, que existió una imposibilidad de comprar agua mineral en las barras por la gran cantidad de gente que aguardaba en las largas filas, la existencia de un solo centro sanitario y la falta de agua en el interior de los baños sumado a la poca seguridad en el interior del boliche.

Además, la mayoría de los testigos acusó que había una superpoblación en el lugar, superando el nivel permitido de ingreso, y que había consumo y venta de estupefacientes a la vista de todos.

«Durante toda la noche vi que constantemente muchas personas vendían droga, diciendo «pasti», «cocaína» y «popper» en la parte del vip», declaró uno de ellos, en tanto que otro recordó que  «había gente que directamente aspiraba la cocaína de la mano del tipo» que vendía.

Por ello, los fiscales concluyeron que «la ausencia de todos los que debían velar por el normal desarrollo es demostrativo de que la voluntad nunca estuvo dirigida a proteger a los concurrente sino a cubrir exclusiva y excluyentemente las exigencias particulares de una parte importante del mercado como vehículo para garantizar el éxito económico del evento: proveer un ambiente donde la venta y el consumo de estupefacientes se desenvolviera sin inconvenientes».

La indagatoria del inspector municipal López que reclamaron los fiscales es porque quedó acreditada en un acta firmada por aquél la noche del evento que había un total de 3000 personas, cuando del expediente de habilitación sólo tenía una capacidad de 1850.

«Lo expuesto, demuestra claramente que en el lugar había más personas de las permitidas, lo cual fue consentido e incluso promovido por los responsables de la organización del evento.

Violándose claramente así la capacidad de ingreso, la cual debía ser controlada por los inspectores municipales que se hicieron presente en el lugar», acusaron los fiscales, quienes incluso recordaron que de averiguaciones en a empresa Ticketek los organizadores solicitaron la impresión de 5004 entradas.

Además, el inspector acusado suscribió un acta realizada la noche del 1 de enero pasado en Punta Stage pero sólo denunció como irregularidad la violación del horario de corte de la música, sin que se advierta ninguna otra irregularidad.

«Pese a ello no adoptó ninguna medida ante la flagrante violación del decreto por el mismo dictad y de otras numerosas irregularidades que se pasaran a analizar», denunciaron los fiscales.

El intendente Esper ni bien tuvo lugar la tragedia aseguró que desconocía que en el lugar se había realizado una fiesta electrónica, pero los fiscales recordaron que a raíz de reuniones de los organizadores con las autoridades municipales previamente a la noche de la fiesta se sabía de la magnitud del evento a raíz que se anunció el show de un disk jockey especializado en música electrónica.

Además, el dueño de Punta Stage se había reunido con la Secretaría de Gobierno y el Asesor Letrado del municipio con el objeto de conocer los alcances de la normativa municipal que prohibía la realización de fiestas electrónicas.

El predio «Punta Stage» sólo estaba habilitado como «salón de eventos para fiestas, salón bailable y esparcimiento» y el trámite había sido gestionado por Yameli SRL cuyo titular es Dalinger, dueño del complejo «Punta Stage».

Incluso, el propio Esper mediante el decreto municipal 198/16 había suspendido la realización de fiestas electrónicas en su pueblo, «por lo que bien conocía éste sus alcances y la existencia de la prohibición, pese a lo cual ninguna medida adoptó al respecto».

«El incumplimiento de los deberes propios de las autoridades municipales y policiales fue determinante para que este marco propicio de uso y consumo de estupefacientes generado por los organizadores del evento, pudiera desarrollarse con la completa tolerancia de aquellos funcionarios a los que la sociedad de Arroyo Seco le ha confiado la protección de la salud pública», acusaron los fiscales quienes incluso reclamaron la indagatoria del jefe policial Luciano Vallejos.