Una pesadilla. Esa es la que viven Berenice Conte y su familia desde aquel 12 de octubre de 2016, día en que la joven de 23 años decidió someterse a un implante mamario. A partir de ese momento nada volvió a ser como antes: vive en un centro de rehabilitación y no puede hablar ni moverse.

El horror comenzó hace siete meses en una clínica de cirugía plástica de avenida Francia al 300. Durante la operación Berenice sufrió un paro cardíaco por lo que debió ser derivada a un sanatorio privado de la ciudad, donde quedó internada en estado de coma.

Al tiempo recuperó el conocimiento, pero tiene que vivir en un centro de rehabilitación porque le diagnosticaron 100 por ciento de discapacidad.

«Me dijeron que era una cirugía simple, que a las 11 ya la podía pasar a buscar», contó Marcelo Conte, padre de la joven, en diálogo con diario La Capital. Pero poco antes de esa hora recibió un llamado de su mujer diciéndole que vaya directamente a un sanatorio porque Berenice había sido trasladada.

«Llegó sin oxígeno en el cerebro. No tenía reacción de ningún tipo. Entró a la unidad de terapia intensiva con un coma profundo y estuvo así unos meses», recordó Marcelo. El diagnóstico fue un ACV isquémico (un coágulo obstruyó un vaso sanguíneo del cerebro) y tuvieron que hacerle una traqueotomía para que pudiera respirar.

Tras salir del coma, los médicos le sugirieron una rehabilitación intensiva, que lleva a cabo en una clínica de neurorehabilitación integral ubicada en Paraguay al 2000, donde recibe terapia fonoaudiológica, kinesiológica y psicológica.

A través del abogado Miguel Antonio Gastaldi, su familia denunció mala praxis por parte del médico cirujano que la operó y del anestesista. Desde Fiscalía informaron que están a la espera de que una junta médica del Instituto Médico Legal brinde un dictamen para establecer si hubo o no negligencia médica.

La fecha fue solicitada el 27 de abril pasado y aún no fue confirmada. Hasta el momento se ordenó la preservación de algunas pruebas solicitadas por la familia Conte, que no descarta iniciar, además, acciones civiles.

Foto: gentileza La Capital