Por Lisandro Leoni
A los anuncios de ajuste económico por parte del gobierno de Javier Milei, se suma la presentación del proyecto anti piquete anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la tarde de este jueves.
El protocolo busca criminalizar la protesta social que puede transformarse en protagonista en rutas y calles de pueblos y ciudades, a lo largo y ancho del país, ante el impacto que tendrá la devaluación, la quita de subsidios a la energía y el transporte, el aumento de los combustibles y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios.
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Bullrich aseguró que “se imputará el pago de los costos y costas del operativo de disolución de las manifestaciones a aquellas organizaciones que la lleven adelante” corte en la circulación de calles, avenidas y rutas en todo el país. Además, sostuvo que las fuerzas de seguridad actuarán “hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación”, y la fuerza aplicada “será graduada en proporción a la resistencia».
La titular de la cartera aclaro que “para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia”. La confirmación a que presenciaremos represión a quienes reclamen al gobierno nacional.
Las criticas no se hicieron esperar. Dirigentes políticos, dirigentes sociales, sindicatos y profesionales del derecho rechazaron estas medidas por ir en contra del derecho a la protesta social y la libre manifestación del pueblo.
En dialogo con Conclusión, el diputado nacional por Unión por la Patria, Eduardo Toniolli, recordó que “la pretensión de Patricia Bullrich de terminar con la protesta social no es nueva. Ya en el año 2016 estableció un protocolo similar, cuando le tocó ser Ministra de Seguridad de la Nación, y es tan inconstitucional como ridícula”. El dirigente del partido justicialista recordó que “nuestra Constitución Nacional reconoce el derecho a la protesta, a la manifestación, y porque además hay tratados internacionales que consolidan ese derecho y lo reconocen”.
El secretario general del PJ de la provincia de Santa Fe insistió con lo ridícula de la medida y argumentó que “cada vez que en la política argentina o en la institucionalidad o desde el Estado se ha intentado llevar adelante planes regresivos, como el que está planteando el gobierno de Javier Millei, de recesión inducida, de empobrecimiento, de pauperización de las condiciones de vida de los trabajadores, de los sectores medios, medios bajos, de los sectores populares, indudablemente, inevitablemente, creció la conflictividad social, y con esa conflictividad la protesta, la expresión de esa conflictividad de distintas formas”.
Por su parte, Sebastián Serrano Alou, abogado integrante de la asociación de abogadas y abogados laboralistas de Rosario aseguró que “parece una reedición del que anunció cuando era ministra de Macri, que me parece tiene más fines de intimidación que otra cosa, después en la práctica si fuera algo tan científico o algo tan matemático o algo tan fácil de predecir cómo se va a desarrollar una protesta social, podría aplicarse un tipo de protocolo de ese estilo, sobre todo en lo que plantea que parece que es desactivarlo por la violencia que nunca termina bien”.
El letrado insistió con la importancia del derecho a la protesta al que calificó como “un derecho humano fundamental”, al tiempo que valoró cual será la respuesta de las autoridades nacionales: “van a decir que el de circulación también, pero en la medida que la gente que está haciendo la protesta permita de alguna manera la circulación, ya sea liberando un carril o cortando y liberando, cortando y liberando, hay distintas formas, habrá que ver si del otro lado respetan ese derecho humano o si buscan la forma de generar violencia para reprimir y mandar un mensaje de miedo a la sociedad que más que nunca va a necesitar salir a pedir por sus derechos”.
En tanto, el dirigente del Frente de Izquierda y los trabajadores, Octavio Crivaro sostuvo que la medida “es un protocolo hipócrita, antes que nada, porque es dictado por fuerzas políticas que surgieron o se fortalecieron en los piquetes de la sociedad rural en el 2008, en los cacerolazos opositores frente al gobierno kirchnerista, y en el caso de la Libertad Avanza y la propia Patricia Bullrich, en las protestas contra la cuarentena durante la pandemia”.
El además sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, insistió en que las viejas recetas adoptadas por el gobierno de Javier Milei son del manual del básico del neoliberalismo clásico: “es una verdadera vergüenza porque anuncian el martes un ajuste brutal, una transferencia de ingresos absolutamente directa de los sectores más pobres y de los trabajadores y de las clases medias a los grandes empresarios, a los que más tienen, a los importadores, a sectores que les estatizan deudas en dólares, y esas mismas autoridades que te dicen que te vas a morir de hambre, te dicen que no podes protestar contra ese hambre”.
