El título de esta columna lo vi escrito en una pared de un barrio rosarino explica, a un año de la reforma del sistema penal en la provincia de Santa Fe, la hipocresía imperante en la materia y encierra un profundo mensaje que trato de penetrar.
Ocurren hechos delictivos violentos a cada rato, con consecuencias graves cuando no la muerte. Record de pérdidas de vida en lo que va de los últimos diez años en la segunda ciudad de la República.
El tema es inquietante. Quizás el mayor. Afecta a la población toda. Es cierto que no hay política integral de Estado para abordar esta realidad. Quizás voluntarismo. En la provincia es el esfuerzo, particularmente de algunos jueces. Una reforma del régimen de la justicia penal, improvisada, mal implementada, con falta de personal y sin presupuesto. Una adhesión sin reservas a las leyes, a los pactos internacionales que se enarbolan como dogma, cuando se denuncia, por ejemplo, que un homicida procesado está libre porque la condena se apeló y debe contar con dos sentencias para tener vigencia. Pero, es cierto también, que muchos jueces interpretan las normas a favor de los criminales con beneficios optativos que son concedidos automáticamente. Aplicación práctica de lo que se denomina el garantismo o abolicionismo, filosofía del derecho controvertida que ha influenciado en su formación a varias promociones de abogados que adhieren ciegamente a ella. Si como se ve, la legislación vigente ha quedado desactualizada con esos ideales de eliminación de la persecución penal que en su momento la inspiraron y que han demostrado en la vida cotidiana ser un firme impulso a la actividad delictiva organizada, la solución es reformar las leyes y adecuarlas, lo antes posible, a las necesidades de la población.
Un Poder Ejecutivo que debería elaborar políticas integrales, coordinadas y nacionales para abordar temática tan grave. Y no lo hace.
El abolicionismo es una filosofía del derecho nefasta por sus resultados desastrosos, que nos han cambiado el modo de vivir.
Que tiene, sin embargo aspectos positivos que es necesario decantar y profundizar.
Lo peor, es que alienta y construye, con su impronta, una cultura que angeliza al delincuente y abandona a la víctima.
Las próximas autoridades tienen la obligación de ocuparse de esto.
