En medio de un clima de creciente tensión en la ciudad, a la luz de las balaceras y ataques ocurridos este fin de semana que tuvieron como blanco el Centro de Justicia Penal de Rosario, un edificio en el que habían vivido familiares de la jueza Marisol Usandizaga y el asesinato de un hombre que había sido testigo en el juicio a la banda de Los Monos, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz y el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein mantuvieron una reunión con integrantes del Colegio de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la provincia.
Del cónclave, realizado en la sede institucional del Colegio de Magistrados, participó su presidente, Gustavo Salvador, algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi y Mario Netri y el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Ariel Ariza y Gustavo Salvador.
Si bien no trascendieron los detalles de lo conversado puertas adentro, desde el Colegio de Magistrados especificaron que se trató de una reunión, realizada con la finalidad de intercambiar impresiones y posturas sobre la ola de violencia que se desató en los últimos meses en la ciudad y que, en su mayoría, tienen como blanco a integrantes del Poder Judicial.
Según reza el comunicado emitido por el Colegio de Magistrados luego del encuentro, «el Consejo Directivo escuchó las apreciaciones vertidas por las máximas autoridades provinciales y, con posterioridad, reiteró su reclamo al Gobierno Provincial para que proceda a adoptar todas las medidas que, dentro del marco previsto por la Constitución y las leyes, resulten menester a fin de revertir en lo inmediato la situación de concreta afectación al normal funcionamiento de las Instituciones que los episodios violentos han generado».
«En particular, se peticionó al Poder Ejecutivo provincial que garantice la seguridad en los lugares de trabajo de los operadores del sistema como así también del público en general, usuario del servicio de Justicia. Y se reiteró la necesidad de continuar con las medidas de preservación de la seguridad personal de los funcionarios y magistrados que han intervenido, o tienen que intervenir, en procesos de gran trascendencia pública».
