Este lunes se realizó en la sede de Amsafe el acto de presentación del proyecto legislativo por una nueva ley de financiamiento que lleve la inversión en educación pública al 10% del PBI. La presentación estuvo a cargo de Sonia Alesso, secretaria general de Amsafe y Ctera, y de la autora del proyecto, Adriana Puiggrós (diputada nacional mandato cumplido).
Sonia Alesso explicó: “Pondremos a consideración de la sociedad argentina un nuevo proyecto de ley de financiamiento educativo, que ya fue presentado en el Congreso de la Nación en noviembre de 2015 por la entonces diputada Adriana Puiggrós y que cuenta con estado parlamentario hasta fines de este año. Allí proponemos que la inversión en educación comience a aumentar año a año hasta alcanzar el 8 por ciento del PBI para la educación obligatoria y el 2 por ciento del PBI para la educación superior”.
Entre los desafíos de la educación argentina la dirigente de Ctera enumeró: “Tenemos por delante la inminente obligatoriedad de la sala de 3, bajar la tasa de sobre edad en la escuela primaria, mejorar las tasas de egreso en la secundaria, la creación de equipos de orientación escolar, tutorías, la enseñanza de una segunda lengua, la erradicación definitiva del analfabetismo, la incorporación de nuevas tecnologías y conectividad en todas las escuelas, la organización escolar con un máximo de 25 alumnos por curso, la integración plena de alumnos con discapacidades, entre otros”.
Asistieron también los diputados nacionales santafesinos Lucila De Ponti, Silvina Frana, Marcos Cleri, Josefina González y Alejandro Ramos, y la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, además de representantes de distintas organizaciones sindicales, sociales y organismos de Derechos Humanos, entre los que debemos destacar la presencia de la Madre de Plaza de Mayo Otilia Acuña.
Desde Amsafe y Ctera señalaron que acompañan esta iniciativa al considerarla como condición necesaria para alcanzar los objetivos de la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 de garantizar el derecho social a la educación, la igualdad, la posibilidad de acceso al aprendizaje y continuar con la mejora y la cualificación de todo el sistema educativo.
A 28 años de la Marcha Blanca, se conmemoró el Día del Trabajador de la Educación
En marzo de 1988, la docencia argentina protagonizó lo que muchos consideran una gesta histórica para la educación del país, en la lucha en defensa de la escuela pública junto al pueblo.
En aquel entonces, la Ctera Garcetti convocó a un paro por tiempo indeterminado con altísimo acatamiento en todo el país el 18 de mayo. Desde el norte, el sur y el oeste del país partió una marcha que convergió el 23 de mayo en la Capital Federal con tres reivindicaciones centrales.
- Salario único en todo el país: a igual trabajo, igual remuneración (nomenclador básico común).
- Paritaria nacional docente: los docentes querían discutir salarios y condiciones de trabajo al igual que los demás trabajadores.
- Ley de Financiamiento Educativo y Ley Nacional de Educación.
Docentes de todas las escuelas del país, de Ushuaia a la Quiaca, lograron que la Marcha Blanca fuera un grito en defensa de la educación del pueblo, defensa de los docentes, de los chicos, de la comunidad educativa toda. Fue en esos 43 días de marcha que los docentes entendieron y asumieron que eran y son Trabajadores de la Educación, y como trabajadores salieron a las calles a luchar por la educación del pueblo.
Con un acto en el Obelisco, miles de trabajadores de la educación de todo el país llenaron varias cuadras de la Avenida 9 de julio, ya que la Plaza de Mayo permanecía cercada por las fuerzas de seguridad.
Al día siguiente, en un Congreso de la Ctera se decidió el levantamiento de la medida de fuerza. Los docentes habían conseguido la aprobación de un nomenclador básico común y la unificación salarial en 21 de las 25 jurisdicciones. También el Congreso Nacional había sancionado un paquete impositivo para proveer un mayor financiamiento a la educación y estaba presente la expectativa por lograr la sanción de una ley de paritaria docente, impulsada por el diputado Carlos Auyero, finalmente sancionada.
La conducción de la Ctera consideró que el resultado político más importante, más allá de los resultados prácticos, fue lograr que el tema de la educación popular ocupara de manera sostenida la atención y preocupación pública, generando de esta forma, las necesarias condiciones para la transformación educativa, al unificar la lucha nacional logrando un amplísimo consenso social, y despertando en el resto de los trabajadores un reconocimiento por la contundencia y la organización mostrada.
Fue en el VII Congreso Extraordinario de Ctera cuando declararon el 23 de mayo Día del Trabajador de la Educación, para recordar la movilización docente y sus logros.
