En una medida sin precedentes en el Reino Unido y Europa, la sociedad británica decidió en junio en referéndum abandonar la Unión Europea (UE), a pesar de las advertencias de organismos internacionales y del entonces gobierno del primer ministro David Cameron sobre una posible debacle económica y una crisis institucional.

El resultado del referéndum, que en el mundo entero se conoció como Brexit, no fue sólo la culminación de cuatro meses de campaña, sino también de cuatro décadas de un euroescepticismo latente desde que el Reino Unido se unió al Mercado común europeo en 1973.

En enero de 2013, Cameron prometió durante la campaña para primer ministro, que si los conservadores ganaban las próximas elecciones, buscaría renegociar la relación del Reino Unido con la UE y ofreció al pueblo británico elegir en una consulta no vinculante entre permanecer o salir del bloque comunitario y dar respuesta así a las demandas de los electores más independentistas que estaban siendo captados por el partido de extrema derecha UKIP.

A lo largo de 2015, Cameron y sus socios de la UE comenzaron a discutir posibles reformas dentro del bloque para satisfacer a algunas de las voces descontentas en Reino Unido, por ejemplo, la reducción de los beneficios de los inmigrantes.

Finalmente, el 2 de febrero de 2016, el presidente de Consejo Europeo, Donald Tusk, presentó una propuesta de un nuevo régimen que atendía a todas las cuestiones planteadas por el gobierno británico.

La propuesta sirvió como base para que el 18 y 19 de febrero, tras una ardua cumbre, los 28 jefes de Estado y gobierno de los países miembros del bloque aprobaran por unanimidad un régimen especial jurídicamente vinculante e irreversible para el Reino Unido dentro de la UE.

El acuerdo costó sangre dentro del bloque -«fue uno de los Consejos Europeos más difíciles de mi mandato», concluyó por entonces Tusk-, pero los socios de la UE se fueron creyendo que habían evitado la ruptura de la unión.

Con este escenario en mente, el 20 de febrero del 2016 el gobierno británico, que se embanderó como el principal defensor de la permanencia en la UE, anunció la convocatoria al referéndum, en el que el pueblo británico decidiría su futuro dentro de Europa y le puso fecha: 23 de junio de este año.

Desde el inicio de la campaña, los simpatizantes del primer sector conocido como «Permanecer» lanzaron advertencias y, por momentos, abiertas amenazas sobre lo que podría suceder si ganaban los que apoyaban el campo bautizado como «Salir».

En mayo, a sólo un mes del referéndum, el entonces ministro británico de Economía, George Osborne, difundió un análisis elaborado por el departamento del Tesoro y advirtió que el Reino Unido afrontaría al menos un año de recesión económica, si los británicos votaban por salir de la UE.

La tensión escaló día tras día hasta que a tan sólo una semana de la celebración de la consulta popular, la diputada laborista Jo Cox, defensora fervorosa de la permanencia del Reino Unido en la UE, fue baleada y apuñalada cuando salía de un acto político en su distrito. Falleció una hora después.

El atacante, que fue juzgado y condenado meses después y que habría gritado «¡Gran Bretaña primero!», según declararon testigos, tenía vínculos con la extrema derecha.

La noticia convulsionó a la dirigencia política británica y la campaña fue suspendida durante tres días.

Finalmente, el 23 de junio llegó y tres años después de la promesa electoral de Cameron, los británicos sorprendieron a su gobierno y al mundo entero al votar abandonar la UE.

El resultado no fue uniforme en todo el Reino Unido.

Las regiones de Inglaterra y Gales votaron por dejar el bloque, mientras que Escocia, Irlanda del Norte y el territorio de Gibraltar votaron por permanecer dentro.

No obstante, el resultado fue tan contundente, que apenas una hora después de ser publicado, al día siguiente del referéndum, Cameron anunció su renuncia para octubre siguiente y aseguró que la voluntad del pueblo debía ser respetada.

Al mismo tiempo, los mercados financieros mundiales se desplomaron, la libra esterlina sufrió su peor caída al alcanzar niveles históricamente bajos y miles de millones de euros desaparecieron de los bancos europeos y británicos.

El Royal of Scotland, Barclays y Lloyds Bank Group registraron las mayores pérdidas de esta debacle.

La salida de Cameron desató una lucha interna en el Partido Conservador y, sólo dos semanas después, la hasta entonces ministra de Interior, Theresa May, ganó las internas y, dos días después, se convirtió en la primera ministra del Reino Unido y en la primera mujer que gobierna el país desde Margaret Thatcher, hace 25 años.

Su principal misión fue abrir las negociaciones con Bruselas para ejecutar el Brexit y concretar la ruptura con la UE.

Después de mucha incertidumbre, el 2 de octubre May anunció que su gobierno recién activará el artículo 50, que habilita la salida de la UE en marzo de 2017, por lo que el proceso culminará en marzo de 2019, dos años después como dispone el Tratado de Lisboa, uno de los textos básicos del bloque europeo.

Pese a la determinación política declarada por el gobierno, cuando más real se volvía el Brexit, más crecían los rechazos dentro de la dirigencia política, el establishment económico y en la sociedad en general.

En medio de ese clima de resistencia, el 3 de noviembre la Corte Suprema de Londres resolvió que debe ser el Parlamento británico y no el gobierno, quien invoque el artículo 50 del Tratado de Lisboa para iniciar el proceso de ruptura.

La decisión judicial fue recusada por el gobierno de May y ahora la Corte Suprema británica, el máximo tribunal del país, analiza hasta qué punto tiene derecho el Parlamento a participar en las negociaciones de Londres con la UE para el concretar Brexit.

Once jueces de la Corte Suprema están escuchando los argumentos del caso y podrían tomar una decisión en los primeros días de 2017.

El gobierno de May ya prepara un plan b por si la Corte falla en su contra y anunció que podría enviar un proyecto de ley al Parlamento, en donde tiene mayoría propia.

Sin embargo, la incertidumbre ya está arreciando en el ámbito económico, especialmente en sectores sensibles como la banca financiera y el mercado de seguros.

A la incógnita del fallo de la Corte se suma que muchos analistas prevén que el Brexit podría durar más de una década dada la complejidad administrativa y política que acarrea, y que todos los acuerdos de la UE deben ser firmados por los gobiernos de cada uno de los miembros y ratificados por sus Parlamentos.

Como recordaron muchos analistas en los últimos meses de 2016, el artículo 50 del Tratado de Lisboa fue diseñado específicamente para penalizar al estado miembro que desee abandonar la UE, una decisión soberana que hasta ahora no había tomado ningún país