Las autoridades políticas y judiciales de España endurecieron este viernes su amenaza de sanciones contra responsables catalanes, entre ellos directores de medios de comunicación, mandos policiales y alcaldes, para disuadirlos de participar en la organización del referendo de autodeterminación del 1 de octubre.
«Los que participen en un referéndum ilegal, lo saben, ahora no hay ninguna duda, (…) y todo el mundo tiene que aceptar las consecuencias de lo que hace», subrayó en rueda de prensa el portavoz el gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo.
Al admitir a trámite la noche del jueves cuatro recursos del gobierno español contra la consulta, lo que automáticamente la dejó suspendida cautelarmente, el Tribunal Constitucional lanzó la advertencia a más de un millar de altos funcionarios catalanes, sobre todo a los 948 alcaldes, quienes deben decidir si abren sus locales para permitir la votación.
El Constitucional llamó a acatar la suspensión cautelar de la consulta, so pena de «las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir».
Además de los alcaldes, la máxima instancia española en materia constitucional llamó a abstenerse de promover «acuerdo o actuación alguna que permita» el referéndum a la integralidad del gobierno catalán, empezando por su presidente Carles Puigdemont, y directores de la televisión y la radio públicas de Cataluña, entre otros altos cargos.
También incluyó al comisario jefe de la policía catalana, Josep Lluis Trapero, muy visible en la investigación de los atentados yihadistas que el mes pasado dejaron 16 muertos en Barcelona y Cambrils.
«En Cataluña no va a tener lugar ningún tipo de referéndum de autodeterminación», reiteró la ministra española de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Resistencia independentista
Pero las autoridades independentistas se mantienen desafiantes, asegurando que no se amilanarán por mucha presión que haga la justicia o el gobierno de España, .
«No va a haber suficiente papel para comunicar tantos apercibimientos y meter miedo a prácticamente la mitad de la sociedad catalana», fustigó Lluis Corominas, presidente del grupo parlamentario de la coalición catalana nacionalista de gobierno, Juntos por el Sí.
«Ante este tsunami de querellas, habrá un tsunami de democracia», avisó el jueves Puigdemont, a cargo de un gobierno independentista que quiere preguntar el 1 de octubre a los catalanes si desean que la región de 7,5 millones de habitantes y que representa el 20% del PIB español se convierta en un «Estado independiente en forma de república».
Como prueba de su determinación, el parlamento catalán dominado por los separatistas aprobó la madrugada del viernes, luego de la decisión del Constitucional, la llamada «ley de transitoriedad», que detalla el funcionamiento de la hipotética República catalana en caso de ganar el «sí».
Al igual que las otras leyes aprobadas en la cámara catalana, la de transitoriedad será impugnada ante el Constitucional por el gobierno de Mariano Rajoy, anunció Méndez de Vigo.
Además, el gobierno insistió que no descarta ninguna opción del arsenal jurídico que tiene a su disposición. Sobre la posibilidad de apelar a la medida más extrema, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite someter a una región a cumplir forzosamente la Carta Magna, Méndez de Vigo afirmó: «Sin renunciar a nada es sin renunciar a nada».
De su lado, la fiscalía catalana presentó este viernes sendas querellas contra Puigdemont y su gabinete, por un lado, y contra la presidenta del parlamento regional, Carme Forcadell, por otro, por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación (este último puede conllevar cárcel) por las leyes y decretos que permiten el referéndum.
Apoyo de 654 ayuntamientos
El conflicto legal es frontal entre estas disposiciones y la tenacidad de las autoridades independentistas, que aseguran defender sus derechos tras años de «humillación» por parte del gobierno conservador de Rajoy.
El gobierno catalán asegura contar con el apoyo de una mayoría de ayuntamientos, además de tener listos a más de 16.000 voluntarios para la organización de la consulta.
Según la asociación de municipios independentistas, ya son 654 los ayuntamientos que apoyarán el referéndum, pero los alcaldes de varias grandes ciudades han dado su negativa y aún queda por definirse Barcelona (1,6 millones de habitantes), dirigida por la izquierdista Ada Colau.
La próxima gran cita en la escalada será el lunes próximo, cuando con motivo de la Diada, la fiesta de Cataluña, los independentistas busquen mostrar su fuerza en una movilización, a la que ya confirmó su asistencia Puigdemont.
