El juez federal de Rosario Carlos Vera Barros negó la excarcelación a Alan Van Broock, organizador de la fiesta electrónica que tuvo lugar en Punta Stage el 31 de diciembre pasado, en la localidad rosarina de Arroyo Seco, en la que dos jóvenes murieron producto del consumo de estupefacientes.
Fuentes judiciales informaron que el juez no hizo lugar al pedido de libertad planteado por los abogados del empresario, detenido la semana pasada, y luego que dictaminaron en contra los fiscales de Rosario Mario Gambacorta y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Diego Iglesias.
En las últimas horas se entregó ante la Justicia Gino Piazzese Scaglia, socio de Van Broock de la empresa organizadora «Live Art Producciones», y ahora los fiscales también se oponen a la excarcelación de aquel.
Por ahora son los únicos detenidos en el caso y también imputados, puesto que el juez no hizo lugar al pedido de detención de los fiscales sobre Germán Pablo Dalinger, representante legal y gerente de «Punta Stage»; y de Esteban Gómez, encargado de ese lugar; acusándolos de «haber creado el marco propicio que facilitó la comercialización y el uso de sustancias estupefacientes».
También habían reclamado la indagatoria del intendente de la localidad de Arroyo Seco, Nizar Esper, y del inspector municipal Albín Ricardo López, ambos por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero el juez se declaró incompetente al considerar que son funcionarios provinciales.
La fiesta electrónica «Sasha New Years Eve Party» fue en la noche del 31 de diciembre de 2016 en el complejo «Punta Stage», en donde perdieron la vida Lucas Liveratore, de 34, y Giuliana Maldovan, de 20, a raíz del consumo de estupefacientes.
Por las muertes se sigue una causa judicial en la Justicia provincial, pero los fiscales Gambacorta e Iglesias intervienen a raíz que testigos dijeron que en la fiesta había personas que comercializaban estupefacientes y también por si los dueños del local comercial referido y/o los organizadores de la fiesta electrónica, facilitaron el lugar para que se realicen esas ventas.
En la acusación, los fiscales recordaron que del contrato de la productora con «Punta Stage» surge que el precio del alquiler no incluía el servicio de emergencia médica, adicional de policía y adicional de tránsito, como así también que Live Art Producciones era el responsable del personal de seguridad, y del manejo de las barras.
«Durante el transcurso del evento, existieron una serie de graves irregularidades que facilitaron la comercialización, libre circulación y consumo de sustancias estupefacientes», acusaron los fiscales.
En ese sentido, recordaron que los testigos dijeron que el control de ingreso fue sumamente permeable, que existió una imposibilidad de comprar agua mineral en las barras por la gran cantidad de gente que aguardaba en las largas filas, la existencia de un solo centro sanitario y la falta de agua en el interior de los baños sumado a la poca seguridad en el interior del boliche.
Además, la mayoría de los testigos acusó que había una superpoblación en el lugar, superando el nivel permitido de ingreso, y que había consumo y venta de estupefacientes a la vista de todos.
«Durante toda la noche vi que constantemente muchas personas vendían droga, diciendo «pasti», «cocaína» y «popper» en la parte del vip», declaró uno de ellos, en tanto que otro recordó que «había gente que directamente aspiraba la cocaína de la mano del tipo» que vendía.
Por ello, los fiscales concluyeron que «la ausencia de todos los que debían velar por el normal desarrollo es demostrativo de que la voluntad nunca estuvo dirigida a proteger a los concurrentes sino a cubrir exclusiva y excluyentemente las exigencias particulares de una parte importante del mercado como vehículo para garantizar el éxito económico del evento: proveer un ambiente donde la venta y el consumo de estupefacientes se desenvolviera sin inconvenientes».
Tres meses después, fue capturado uno de los organizadores de la fiesta en Punta Stage
