El diputado provincial del Frente Progresista (FPCyS) Rubén Galassi calificó ayer de «difusas, infundadas y malintencionadas» las denuncias realizadas por dirigentes de Cambiemos sobre supuestas «mafias enquistadas en las instituciones policiales y políticas» de Santa Fe. A su vez, Héctor Superti, abogado del ex gobernador Antonio Bonfatti, advirtió que el informe difundido en el programa Periodismo para Todos (PPT) sobre presuntas relaciones entre el narcotráfico y el socialismo, que motivó una presentación el martes pasado ante la Justicia federal, «es parcial y saca conclusiones que no tienen que ver con la realidad».

Acerca de la supuesta manipulación por parte de funcionarios políticos provinciales de una computadora secuestrada a Luis Medina, señalado como narcotraficante y asesinado en 2013 en Rosario, Galassi enfatizó: «La Justicia desestimó todas las denuncias a través de una resolución del fiscal Adrián Mc Comark, que fue convalidada tanto por su par regional Jorge Baclini, en febrero de 2016, como por el fiscal general de la provincia, Julio De Olazábal, en agosto», subrayó el ex ministro de Gobierno santafesino.

En esa línea, el legislador indicó que «tanto los peritos de Gendarmería como de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) concluyeron que, sobre la computadora, no hubo ninguna maniobra ilícita».

Superti, ex ministro de Justicia provincial, recordó que Bonfatti se convirtió en querellante de la causa por el atentado a balazos contra su casa, ocurrido en octubre de 2013.

Y aclaró que, frente a la falta de pruebas contra uno de los sindicados atacantes, Emanuel Sandoval (alias Ema Pimpi), desistió de la acusación. Pero sí la mantuvo contra el ex policía Pablo Espíndola.