Desde hace unos días, el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de La República Argentina, (Sutcapra) viene denunciando «privilegios» al momento de elegir el personal para trabajar en los eventos públicos.
La acusación apunta directamente a la Secretaría que regula la actividad de las Fuerzas de Seguridad y las Agencias de Seguridad provincial a cargo de Ricardo Giusepponi en la cual aseguran que hay una «connivencia» con una agencia de seguridad que «ni siquiera tiene los papeles en regla».
El secretario de organización de Sutcapra, Silvio Alarcón dialogó con Conclusión y contó que en el último tiempo, «en los eventos grandes, siempre se le da el servicio a la misma agencia que no están en regla ni cumplen con el el decreto reglamentario provincial 2146/15 que regula la actividad de los Patovicas en la provincia».
Cabe aclarar que dicho decreto tiene como razón hacer cumplir la ley nacional 26.370 y su par provincial 13.205 que precisamente son las leyes madres de la regulación de la actividad de los trabajadores Control de Admisión y Permanencia (ACAP), conocido como «patovicas».
«Depués de lo que ocurrió en la fiesta electrónica de Arroyo Seco, el 1 de enero del 2017, se armó un protocolo de seguridad en la provincia que dice que cuando hay cuando hay eventos masivos, interviene la provincia y ya no es menester de las comunas o municipios, y se exigen ciertos requisitos, amparados en la ley», explicó Alarcón y remarcó que «se le da la oportunidad a trabajadores que son exclusivamente de Rosario y no dan la oportunidad a los del resto de la provincia que si están regularizados y tienen los papeles como corresponde».
Además, Alarcón recordó que se viene trabajando con la provincia desde el 2011 cuando la misma adhirió a la Ley Nacional. «La ley exige un registro de trabajadores (de patovicas) pero que nunca se creó, exige cursos de capacitación, aún hoy no se comenzaron a dar, conocimiento de RCP, libre prontuario y un exámen psicológico que tampoco se cumple. La provincia incurre en un monton de anomalías», remarcó.
En tanto, la denuncia del Sutcapra apunta a un nombre y apellido, el inspector Pablo Rivero quien es encargado de inspeccionar los eventos y espectáculos en diferentes localidades del territorio provincial y eso quien no estaría cumpliendo con la exigencia de esos requisitos al momento de contratar personal de ACAP.
«En la fiesta de disfraces desarrollada días atrás en la localidad de Carcaraña con casi 14 mil concurrentes, el señor Rivero impidió trabajar a cuarenta controladores de la ciudad de Casilda que tenían carnet habilitante”, señaló Alarcón.
En ese sentido, el representante del gremio informó que este jueves 22 de febrero se reunirán con el gobernador Miguel Lifschitz y plantear la situación porque creen que hay «una connivencia entre el inspector y la agencia que ofrece el servicio».
«Este sindicato hace mas de 10 años que viene trabajando en forma conjunta con el gobierno municipal para regular la actividad, venimos trabajando y manteniendo un buen dialogo con el gobierno provincial pero ya estamos cansados de reunirnos para encontrar soluciones y por detrás aparecen funcionarios que dan que pensar», concluyó.
