Por Florencia Vizzi

Los últimos años  han traído, de la mano del accionar de las organizaciones civiles que se empeñaron en una lucha sin cuartel por los derechos del colectivo LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y personas trásngenero), algunos reconocimientos y mejoras sustanciales, tanto desde la perspectiva legal como desde el contexto social.

Sin embargo, y a pesar del gran salto que significaron las leyes de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género, o la Ley Antidiscriminatoria, una larga tradición de discriminación y prejuicios, de derechos negados y vulnerados, fuertemente arraigada a los cimientos de una sociedad que ha sido mayormente excluyente en éstos términos, es muy compleja de erradicar.

Esteban Paulon ha sido secretario y presidente, y es actualmente vicepresidente, de la Federación Argentina Lesbianas Gays Bisexuales y Trans (FALGBT ) y forma parte de las propuestas contenidas en el Plan de Ciudadanía LGBT, impulsado por la FALGBT junto al Sistema de Naciones Unidas en Argentina. Además ha sido convocado por el actual gobierno de la provincia de Santa Fe para dirigir la flamante Subsecretaría de Diversidad Sexual, puesta en marcha en diciembre de 2015.

En una entrevista con Conclusión, el titular de la subsecretaría develó cual es la situación actual de la comunidad LGBT en la provincia, cómo impactaron en la comunidad esas leyes y cual es el camino que queda por recorrer.

¿Con qué panorama te encontraste dentro de la ciudad de Rosario y de provincia de Santa Fe al momento de poner en marcha la Subsecretaría de Diversidad Sexual?

—El panorama en la ciudad no es muy diferente al de otras partes del país. Estamos en contacto directo con las demandas del colectivo, ya que, quienes trabajamos aquí provenimos de las organizaciones LGBT, e intentamos canalizar las demandas  a través de la política pública, al menos acá en Santa Fe.

¿Y cuál es la realidad objetiva actual para el colectivo LGBT?

—Como colectivo, hay una realidad muy concreta, y es que en estos últimos años se avanzó mucho en materia de derechos. Se han logrado leyes fundamentales como el Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género.  Hay una mejora en líneas generales, y una menor discriminación, sobre todo hacia personas lesbianas, gays y bisexuales. También hay una instalación del tema en la agenda pública, tanto de los medios de comunicación como de los gobiernos. La creación de la Subsecretaría es prueba de ello. Entonces evidentemente se está dando un proceso muy interesante, en el cual, después de la batalla y las luchas por las leyes, y una vez lograda la aprobación de las mismas, viene lo más complejo, que es conseguir que esas leyes funciones, se apliquen, se respeten, se incorporen efectivamente al cuerpo legal. Eso es lo nosotros siempre planteamos, que las leyes son punto de partida y no  de llegada, son herramientas, no resuelven nada por sí solas y no terminan con la discriminación de la noche a la mañana. Entonces uno dice: ‘Ah, que bien, nos podemos casar, pero cuando vamos a inscribir a  nuestros hijos al jardín de infantes vemos que no existe un libro que hable de la diversidad sexual, o se dan situaciones de discriminación, o sigue habiendo acoso y hostigamientos escolar o laboral para miembros del colectivo’.Entonces, quiere decir que aún hay muchísimo por hacerse.

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«Las leyes son punto de partida y no  de llegada, son herramientas, no resuelven nada por sí solas y no terminan con la discriminación de la noche a la mañana»

Como miembros del colectivo LGBT, ¿se sienten totalmente protegidos por el Estado? ¿O hay huecos, agujeros negros en los que se hace agua?

—Es una realidad compleja. Hay que remontarse a nuestra historia. Hablamos de un colectivo que nunca tuvo ningún tipo de protección, del que nunca nadie habló , cuya única vinculación con el Estado era a través de la violencia institucional y policial, o a través de la salud y del VIH, con el VIH como una cuestión totalmente estigmatizante. Nosotros no teníamos derecho a nada. No teníamos derecho ni a organizarnos. Hasta el año 1994 aquí, en la Argentina, nos negaban la personería jurídica y nuestra actividad asociativa era ilegal. La corte suprema menemista, nos había negado la personería. Y el gobierno de Menem y también el de Alfonsín, eso hay que decirlo, le habían negado la personería jurídica a la Comunidad Homosexual Argentina. Es decir, no era de interés público que las personas de la diversidad homosexual nos organizáramos para pelear por nuestros derechos. No había conciencia de que esta temática era parte de los Derechos Humanos y que había una posibilidad de trabajar en categorías de ciudadanía. Por un lado puede decirse que hay  hay un efecto concreto de las leyes, por otro lado, queda un largo camino por recorrer.  Como decía antes, la aplicación de esas leyes es una batalla posterior.

—¿Por dónde empieza esa batalla? ¿Cuáles son los puntos flacos de las leyes?

—En su momento, nosotros planteamos el Matrimonio Igualitario, porque considerábamos que la ley de unión civil era discriminatoria, era generar una ley para personas especiales, somos ciudadanos como cualquier otro ciudadano, que quieren casarse. Pero la otra cuestión concreta era que, en el sistema jurídico nuestro, el código civil, uno de los códigos de fondo,  incluye un montón de aspectos relacionados al matrimonio, y nos evitaba tener que empezar a hacer una interminable lista de reformas. A pesar de eso, y de que la ley es bastante inclusiva porque lo que hace es re definir lo que se entiende por matrimonio, y al incorporar a las parejas homosexuales al matrimonio, las incorporás a todos los otros derechos, también es cierto que nuestro derecho ha sido y sigue siendo machista. Entonces, por ejemplo,  habla de derechos  de esposos y esposas , y ¿qué pasa cuando hay dos esposos o dos esposas?. Ese debate, que va desde la desgravación de impuestos hasta la inscripción de hijos e hijas, y todos los otros derechos derivados. Y después los vacíos que el código civil no llegó a subsanar, o leyes especiales lo subsanaron en parte, por ejemplo, la ampliación de las familias con la incorporación de niño y niñas a la familia.

¿Considerás al Matrimonio Igualitario como una ley bisagra?

—Sí, sin dudas, es una ley bisagra porque impacta sobre gran parte de la población. No es que todos hayamos corrido a casarnos, sino que funciona como legitimador social. Las leyes tienen una función no sólo legal sino social, funcionan como habilitantes. Entonces, muchas personas de la diversidad, a partir de esa ley se animaron a salir del armario, o a decírselo a sus padres, o se reconciliaron con sus familias, porque le dio legitimidad. ‘Ah, ahora hay una ley, entonces fulanito no era un enfermo’. Se puede ser muy conservador y pensar que lo que está haciendo tu hijo es una aberración, pero empiezan a aparecen las preguntas: ¿pero cómo, el estado reconoce esto? ¿Y esto es legal? ¿Y esto se puede hacer con la anuencia de un juez?. Entonces, un día el hijo se casa, y esta persona quiere ir al casamiento de su hijo, que es legal. A mucha gente desvinculada de su familia y peleada con sus hijos, cuando la ley se aprobó, comenzó a pasarle esto.

El derecho a los hijos y la ampliación de las familias

Hablando de leyes, ¿qué pasa con ese sueño tan fundamental para muchos, que es formar una familia?

—Ese es uno de los temas fundamentales. De golpe, la ley incorpora que dos mujeres inscriban legalmente a sus hijos e hijas pero esto se hacía por uso y costumbre o por el vacío legal, es decir todo lo que no está prohibido está permitido. ¿Pero a ver, quien puede acceder a esto? Porque claro, vos tenés derecho tener hijos, pero si sos pobre y tu obra social no te lo cubre, se acabó el derecho. Entonces ese es otro debate que se abrió y ahí comenzamos a trabajar en lo que es reproducción médicamente asistida. Y lo mismo va a pasar con lo hoy sigue estando pendiente, lo que llamamos la gestación solidaria (subrogación de vientre o alquiler de vientre). Es un tema que no está ni contemplado ni prohibido expresamente por lo Constitución. Si una pareja del mismo sexo o hetero tiene recursos económicos, puede hacerlo en el extranjero, y ya hay varios antecedentes de  inscripciones de esos niños y niñas nacidos en el extranjero por ese medio y que son inscriptos como hijos matrimoniales. De hecho, en Santa Fe ya hay un fallo judicial de gestación solidaria por vía de la justicia. Hay otros casos, que nosotros acompañamos en su momento y que abrieron el debate, de parejas que han viajado al extranjero, a la India, Los Ángeles, Rusia y que concretaron la gestación solidaria y al volver al país inscribieron al bebé. Hace poco hubo un fallo muy bueno en Mendoza, de una jueza que le otorgó el  derecho a una pareja de hacerlo aquí en Argentina, y otro fallo en Rosario, hace poco tiempo. Nosotros reivindicamos la gestación solidaria como un derecho muy importante. Hay distintas experiencias en ese sentido. La realidad es que se había incorporado en el proyecto del nuevo código civil, y por presiones de la jerarquía de la Iglesia Católica hubo que quitarlo. Pero el tema con la gestación solidaria es que no es ilegal, y si uno tiene los recursos económicos, lo puede hacer, en el país o fuera del país. Tenés el dinero para encararlo, tenés un buen abogado y lo podés pagar, y «te hacés amigo del juez», entonces tenés el acceso. Por eso nosotros creemos que es muy importante democratizar ese acceso y superar la desigualdad social.

«La batalla estratégica que hay que dar está en la educación y la educación es el ámbito estratégico para trabajar estos temas»

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Las leyes y la realidad: del dicho al hecho

—Hay una actitud que es la políticamente correcta que es la que han adoptado todos en los últimos años, desde lo discursivo y después está la realidad. Desde el discurso somos todos muy abiertos y estamos a favor de la diversidad sexual, pero en la vida cotidiana hay una brecha muy importante entre lo que se dice y lo que se hace, y cómo se hace. ¿Cómo lo ves?

—Lo que decís es cierto, en 2007, cuando abrimos el área de diversidad en Rosario, hicimos una encuesta, muy importante, para tener un termómetro del humor social en relación al tema y a la discriminación y eso se reflejaba en forma patente. Es decir, todos estaban a favor de la diversidad sexual, en contra de la discriminación,  a favor de las políticas contra las discriminación, y a favor de gays, lesbianas y transexuales, pero cuando las preguntas llegaban a lo particular, por ejemplo, si aceptarían un vecino gay o transexual, o que una pareja gay viva a al lado de su casa o sean amigos de sus hijos, ahí comenzaban a contestar que no, o planteaban que era un mal ejemplo para los hijos, o que los incomodaba… Los prejuicios están muy arraigados, los aprendemos cotidianamente, en la escuela, en la televisión, en la familia, pero todo lo que se aprende se puede desaprender.  Por eso la batalla estratégica que hay que dar está en la educación y la educación es el ámbito estratégico para trabajar estos temas. El cambio cultural siempre va mucho más lento que el cambio legal, que depende de determinadas condiciones políticas y sociales. Pero la percepción social, es otra cosas. Porque una cosa es que tengamos la percepción de que está todo bien con los gays, ‘mi peluquero es gay’, ‘yo tengo un amigo gay’, pero ‘tengo una metalúgirca y no contrataría gays’.

—¿Y en cuanto al arco político y a la jerarquía eclesiástica?

—Nosotros trabajamos desde la corrección política. Si bien hay una cantidad de intendentes, legisladores, gobernadores, que sabemos lo que votaron y como sus convicciones, sabemos cómo operaron para que las leyes no salgan, sabemos cómo piensan, pero bueno, ahora, bienvenidos y bienvenidas todos. Esto es un camino de ampliación de derechos y vamos a tomarnos la libertad de concederles que han cambiado. En relación a la Iglesia, ahora hay como una embestida en el tema, después de varios años de ‘paz y tranquilidad’. Vemos que a día de hoy,  la jerarquía de la Iglesia está moviendo sus bases más conservadoras, no sólo en relación a esto, sino hasta con la Ley Antidiscriminatoria, que es un ley que no es del colectivo gay, si no que protege a varios colectivos que no tienen ninguna protección legal contra la discriminación, migrantes, refugiados, pueblos originarios… Hace poco salió Arancedo (Josés María arancedo, arzobispo de Santa Fe), a decir que esta ley era un capricho del “lobby gay”. Estamos viendo el  envalentonamiento de algunas voces.

«Los transexuales son los que más sufren la discriminación, dentro y fuera del colectivo»

Transexuales y discriminación: los que la tienen más difícil

¿Considerás que dentro del colectivo LGBT, los transexuales son los más discriminados?

—Sí, absolutamente. Los transexuales son los que más sufren la discriminación, dentro y fuera del colectivo. Estamos hablando de una población muy pequeña. Consideramos que son 15.000 personas en todo el país. Con la ley de Identidad de Género, hay unos 7000 que ya han accedido al documento. Como hay una población oculta muy  importante, la estimación que nosotros hacemos es que por cada uno que se ha visibilizado, a partir a la realización de su DNI, hay al menos uno que no lo está. Entonces estimamos este número. En Santa Fe se traduce en unas 1200 personas. En este momento, hay unas 500 que están en atención en el sistema de salud por terapias hormonales, tanto en Rosario como en el resto de la provincia.

—Hablemos es esa discriminación y de su realidad

—Si tomamos cualquier índice social en población genera, cualquiera y lo contrastamos con los índices del colectivo trans, te vas a dar cuenta que es la población más vulnerada y discriminada de toda la sociedad.  Y no exagero, la expectativa de vida en Argentina para la población es entre 77 y 78 años, en la población trans es de 42, casi la mitad. Si un 30% de las personas en Argentina viven en asentamientos irregulares, lo hacen el 90 % de las personas trans. En relación al abandono escolar, más del 70% de las personas trans no ha terminado sus estudios, primarios o secundarios, más del 90% no logran acceder al empleo registrado. Estos son números que tal vez no impactan en la sociedad, porque son una población muy pequeña y oculta, pero cuando nosotros logramos acercarnos y conocer sus condiciones, y las contrastamos con el resto, vemos que las personas trans viven mucho peor que el resto de la población. Sin contar que, incluso, en algún sentido, muchos de los que viven esa situación de vulnerabilidad social, no tienen el cruce de su identidad de género como un parámetro discriminatorio. Cualquier empresa, por poner un nombre, Mc Donald’ s, podría contratar a un chico  de un barrio carenciado para darle trabajo y una beca para que termine sus estudios, pero no contrataría a una persona trans. Porque hay una barrera que todavía no logramos superar, y que es la gran pelea pendiente.

«Argentina es el único país en el mundo que reconoce el derecho a la identidad «per se» sin ningún tipo de condicionamiento»

¿La ley de Identidad de Género ha mejorado en algo esa situación?

—En relación a esa ley está todo por hacerse, porque es una ley completamente nueva. Identidad de género es una ley que no tiene antecedentes a nivel internacional, es decir hay otras leyes  de identidad de género en el mundo, incluso en más países que las del matrimonio igualitario. Incluso  los países más conservadores, como Turquía o Italia, que es una sociedad muy cerrada en estos temas, tienen ley de identidad de género en distintos términos. Pero Argentina es el único país en el mundo que reconoce el derecho a la identidad «per se» sin ningún tipo de condicionamiento. Garantiza que el Estado y el sistema de salud responda con las prestaciones necesarias para que esa identidad pueda expresarse corporalmente. Entonces, lógicamente,  hay vacíos legales  en cuestiones reglamentarias, porque la ley es muy clara pero siempre hay un pero, como en todas estas cuestiones nuevas siempre lo hay, y esa es una de las peleas más duras a dar. Porque si bien, lesbianas y homosexuales, en líneas generales, hemos avanzado en cuestiones de contexto y en la consideración pública, y hay como una consideración más positiva, incluso desde los medios de comunicación y hasta en las novelas,  y está en la agenda pública, y política, y en la campaña todo el mundo habla de la diversidad y todo el mundo quiere sacarse la foto, con el colectivo trans esto no es tan así.

—¿Hablando de la provincia de Santa Fe, ves un cambio notorio en los últimos años en cuanto a discriminación?

—Sí, ha habido un cambio positivo pero sigue habiendo mucha discriminación. Nosotros tenemos una provincia muy grande, son más de 700 km. En el interior de la provincia, en las localidades pequeñas se hace muy evidente. Está la realidad de las grandes ciudades, básicamente Rosario y Santa Fe que, por el volumen de gente, la vida se lleva un poco mejor. El Estado tiene más presencia, hay más políticas, los medios tiene mayor peso y desarrollo, hay referencias positivas, empieza a haber personas visibles de la diversidad que son referencias positivas, y además el anonimato que dan las grandes ciudades. Nadie sabe muy bien que hacés ni te están mirando todo el tiempo. Y después está la realidad de las ciudades pequeñas, que siguen teniendo pruritos. Las situaciones más complejas las hemos visto en las ciudades intermedias, Reconquista, Rafaela, Venado. Pero también, de a poco, va cambiando. También el hecho de que haya una política pública habilita, entonces hay una voluntad de diálogo de los poderes políticos con las personas de la diversidad que antes no se había dado. Pero si es cierto que estas ciudades intermedias, dónde los lazos comunitarios no son tan fuertes y la dimensión de la ciudad no te permite tanto anonimato, se dan las situaciones más complejas.