Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (Enviado especial)
La iniciativa del diputado Juan Brügge (Córdoba, Democracia Cristiana) crea el Defensor Público en Redes Sociales de Contenidos Digitales y apunta al bloqueo rápido de contenidos que causen graves perjuicios a los derechos constitucionales de las personas humanas y jurídicas.
Según se desprende de la lectura del proyecto, el Defensor Público en Redes Sociales de Contenidos Digitales actuará en el ámbito del Poder Legislativo con independencia funcional y la atribución de determinar en un plazo máximo de 120 horas si corresponde el bloqueo cautelar de contenidos violatorios de los derechos constitucionales».
Además, el Ombudsman podrá «ordenar la suspensión temporaria, de sitios o usuarios de redes sociales en plazos que pueden ser de 30 a 60 días».
Mediante un trámite administrativo sumarísimo los denunciantes «podrán solicitar la intervención del Ombudsman por la difusión de contenidos intimidatorios, difamatorios o de datos personales o sensibles de las personas».
También se destaca que «entre los contenidos inapropiados, la iniciativa prevé las que inciten a la violencia infantil, la exposición sexual infantil, el contacto con menores de edad, la reivindicación de ilícitos, la incitación al terrorismo y la explotación o violencia sexual».
