Se ordenaron medidas alternativas a la prisión preventiva para el docente de 28 años imputado de abuso sexual simple y corrupción de 18 menores de edad en la escuela número 608 Sargento Cabral de San Justo. La decisión fue tomada este martes en la audiencia de medidas cautelares celebrada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, y en la que la fiscal que investiga el caso, María Laura Urquiza, se opuso y reiteró su pedido de prisión preventiva para el hombre cuyas iniciales son JMRB.

De acuerdo a lo resuelto por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Jorge Patrizi, el docente deberá pagar una fianza personal de 300 mil pesos para recuperar su libertad. Además, se le impusieron normas de conducta: no podrá ir a la ciudad de San Justo. Tampoco podrá acercarse ni tener contacto con los alumnos, con sus padres y con los directivos y con los otros docentes de la institución educativa. Por último, deberá presentarse quincenalmente en la Fiscalía Regional 2 del MPA en Rosario, ciudad de la que es oriundo.

Luego de la audiencia, la fiscal Urquiza dijo que “si bien la ponderación y evaluación del juez fue distinta a la nuestra, la decisión debe ser respetada y acatada”. En tal sentido, la funcionaria del MPA explicó que “según el magistrado, los actos del imputado fueron inapropiados, pero no tuvieron dolo corruptor”.

Urquiza aclaró que “nosotros entendemos que hay elementos suficientes y necesarios para probar los delitos. Por eso es que, más allá de la libertad del imputado, avanzaremos todo lo posible en la investigación. De hecho –agregó la fiscal– ayer hubo una reunión en la sede de la Fiscalía en San Justo de la que participaron los padres de otros 12 alumnos de la escuela –de este año y del año pasado– que aportaron valiosos testimonios”.

Imputación

El docente detenido fue imputado por la fiscal Urquiza el pasado domingo. La funcionaria del MPA le atribuyó la autoría de los delitos de abuso sexual simple reiterado agravado (por ser encargado de la educación) y corrupción de menores calificada (por ser las víctimas menores de 13 años y por ser el encargado de la educación); ambos delitos en concurso ideal.