El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy fue citado hoy a declarar en julio como testigo en el megajuicio por el «caso Gürtel», que investiga una importante trama de corrupción en su Partido Popular (PP), con lo que se convertirá en el primer jefe de gobierno en ejercicio en testificar ante la Justicia en España.
El líder de la formación no podrá declarar por videoconferencia, como había solicitado, y deberá acudir al tribunal de la Audiencia Nacional, en Madrid, el 26 de julio, para ser interrogado por supuestos pagos ilegales a líderes del PP entre 1999 y 2005, período en el que ocupó distintos cargos directivos en la fuerza.
«Digo lo mismo que he dicho desde el inicio, estoy a los que dispongan los tribunales» fue la respuesta que brindó Rajoy, de visita oficial en Portugal, luego que periodistas lo consultaran sobre la citación dispuesta por la Justicia española.
La Audiencia Nacional consideró que la importancia de su declaración hace que se demande «como opción preferente su presencia física» ante el tribunal, si bien matizó que «dada la condición del testigo se considera procedente adoptar cuantas medidas sean necesarias para preservar su imagen institucional».
En una comparecencia que será histórica, Rajoy, en el poder desde 2011, deberá dar su versión en el juicio, derivado de una investigación sobre las cuentas del PP y basado en sospechas de que líderes de regiones en poder del PP cobraron sobornos a cambio de otorgar contratos de obras públicas.
Varios empresarios y ex miembros del PP están entre los acusados por el caso Gürtel, uno de los episodios de corrupción más relevantes de los últimos años en España, que investiga esa presunta red de contratos amañados así como la existencia de una contabilidad paralela en el partido alimentada por pagos opacos.
Cuando se conoció la convocatoria del tribunal, hace un mes, Rajoy dijo primero a la prensa que iría «encantado» a testificar, lo que consideraba «un acto de pura normalidad» en democracia, pero luego solicitó declarar por videconferencia.
En este sentido, los magistrados del tribunal consideran que las razones ofrecidas por Rajoy para no declarar físicamente ante la Justicia «ni son consistentes ni tampoco son razones que impidan al testigo acudir ante el tribunal», informó la agencia de noticias DPA.
Sostuvieron, además, que la seguridad del mandatario está asegurada y que no supondrá un «despliegue importante de recursos públicos», como argumentó el propio Rajoy para evitar declarar de forma presencial.
La decisión del tribunal fue adoptada con el voto en contra de su presidente, que abogaba por una declaración por videoconferencia.
