La conmoción que provocó el crimen de Rubén Ariel «Tubi» Segovia en el pabellón 8C de la unidad penitenciaria de Coronda sigue generando más y más ecos y acusaciones cruzadas entre los funcionarios e integrantes del Poder Ejecutivo y Judicial y el Servicio Penitenciario. A las declaraciones de Lucía Masneri, y del ministro Maximiliano Pullaro, se sumaron las del ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, que cargó todas las responsabilidades contra el juez que resolvió que Segovia permaneciera alojado en ese pabellón pese a que desde el Servicio Penitenciario se pronunciaron en contra. Además advirtió que pedirá al procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre, que evalúe el accionar del juez.
«Voy a usar una frase remanida. Pero esta es una crónica de una situación anunciada. Era previsible que podía llegar a acontecer una situación así. Yo lo planteé en el Colegio de Magistrados de la provincia y tenía una reunión pendiente con el Colegio de Jueces de Rosario y también de Santa Fe. Y el Servicio Penitenciario también ha planteado recursos judiciales. Pero acá hay que tener algo claro, más que hablar del Poder Judicial, hay que hablar de algunos jueces. Porque el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, particularmente la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema de Santa Fe tiene resuelto que es el Servicio Penitenciario quien tiene que decidir a dónde va cada imputado. Esto ya lo planteé durante el juicio a Los Monos. Es una locura que el imputado elija a qué lugar de detención tiene que ir. Más cuando hay un problema de organizaciones criminales. Porque van a querer ir a pabellones donde están los otros miembros de la organización», se pronunció el ministro de Justicia.
«Esto es predecible porque cualquier política de seguridad establece que estas personas tienen que estar en lugares diferentes, no todos juntos. Cuando usted le permite a estas personas que estén todos juntos en un mismo pabellón, se generan más complicaciones y problemas en las medidas de seguridad. Todo se hace mucho más complicado, y cuando se quiere poner más control , se generan motines, habeas corpus, etc».
Consultado sobre si no se había reforzado la seguridad dentro del pabellón 8C de Coronda, donde fue asesinado Rubén Ariel Segovia, Silberstein aseguró que se «reforzó enormemente. Pero todo tiene un límite», enfatizó. «Si nosotros no establecemos una política de diálogo entre los distintos poderes, sino asumimos que hoy hay un problema de organizaciones criminales que tienen logística, que tienen apoyo afuera, y que por las características de la actividad son bandas que terminan peleándose entre ellos, ocurren estas cosas».
El ministro afirmó: «El juez no respetó lo que viene sosteniendo la Corte de la provincia, que dice que el que tiene que decidir estas cosas es el Servicio Penitenciario, porque tiene el conocimiento, la información y la experticia. El detenido puede pedir un lugar, tiene derecho a pedirlo, pero quienes están habilitados para tomar esas decisiones, porque tienen el conocimiento y la experiencia, es el Servicio Penitenciario».
Silberstein sostuvo que «hay un desconocimiento que se da en estos últimos años, 10 o 15 años, que tiene que ver con toda una formación que tiene una camada de jueces». «Algunos jueces», remarcó. E insistió en que la posición de la Corte resolvió que es el Servicio Penitenciario el que tiene que decidir, salvo que haya una situación de vulneración extrema de determinado derecho y entonces el juez actuaría para resguardar ese derecho».
«En este caso el Servicio Penitenciario le dijo al juez dos veces ‘no lo manden ahí’. Y el juez, desoyendo eso y sin tener presente lo que resolvió la propia Corte, resolvió otra cosa».
El ministro de Justicia enfatizó repetidamente que «el problema es con algunos jueces». «Hay jueces que tienen compromisos con la responsabilidad de sus cargos, que condenan con pruebas altas y en el debido proceso, y hay que rescatarlos, también hay algunos jueces que creen y dudan de que el derecho penal sirva para algo».
En ese sentido, Silberstein advirtió: «Vamos a pedirle al procurador que evalúe el accionar de este juez porque ha resuelto no de acuerdo a lo que la Corte viene resolviendo. Así como hay responsabilidades para un funcionario del Poder Ejecutivo, lo mismo corresponde para los integrantes del Poder Judicial. «Entonces habrá que evaluar el accionar de un juez que ha actuado a pesar de que se le advirtió que no era conveniente tomar esa decisión y a pesar de la posición de la Corte Suprema».
