Continúa la incertidumbre. La investigación por la muerte de Gerardo “Pichón” Escobar, el joven empleado municipal de 23 años que fue visto por última vez en el boliche La Tienda y tras 7 días desaparecido fue hallado en las aguas del río Paraná, aún no tiene fuero.

La audiencia para definir en qué fuero quedará la investigación se realizó en la mañana de ayer en la Cámara Federal y en ese marco el fiscal general Claudio Palacín pidió la anulación del dictamen del juez federal. Por su parte, la querella hizo el mismo pedido mientras que los abogados defensores de los cuatro imputados por encubrimiento pidieron la confirmación de la decisión del magistrado. Luego de escuchar a las partes, los camaristas  Elida Vidal, Edgardo Bello y José Toledo manifestaron que darán a conocer su decisión en los próximos días.

La causa fue enviada al juez federal Marcelo Bailaque quien el mes pasado se declaró incompetente para investigar la causa con la figura de desaparición forzada de personas, calificación que fue convalidada en dos instancias de la Justicia provincial.

En consecuencia la resolución de Bailaque fue apelada por el fiscal federal Marcelo Degiovanni y los abogados querellantes Salvador Vera, Guillermo Campana y Nicolás Vallet que representan a la hermana de Gerardo Escobar.

La investigación en el fuero provincial estuvo a cargo de la fiscal Marisol Fabbro, a quien luego se sumó el fiscal Rafael Coria. Por la desaparición y muerte de Escobar fueron detenidas cinco personas que luego fueron imputadas en septiembre de 2015.

Uno de ellos, el patovica Cristian Jesús V., quien fue visto en una filmación golpeando a Escobar y está imputado por el delito de homicidio, en tanto otras cuatro personas, los policías Luis Alberto N. (efectivo del Comando que cumplía un adicional legal en el boliche), y Maximiliano A. (con licencia médica desde hace un año); además de los patovicas José Luis C. y César Darío A, están vinculadas por el delito de encubrimiento.

Los abogados defensores apelaron la resolución y pidieron que se traten las medidas cautelares pero el juez provincial Luis María Caterina mantuvo las prisiones preventivas.