Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)

En la Cámara baja están trabajando para aprobar una ley que permita combatir la venta ilegal de celulares que provengan del hurto, el robo o simplemente por la pérdida del equipo, que muchas veces son comercializados en negocios que fueron habilitados legalmente o en otros casos para perpetrar ilícitos o favorecer el mercado informal de comercialización

Según estimaciones de las principales empresas, casi 160 mil teléfonos móviles son hurtados por mes, número que confirma la tendencia de 2016. Es decir, se registran 5.000 denuncias por día dijeron los representantes de Movistar, Personal, Claro y Nextel.

Representantes de Movistar, Personal, Claro y Nextel

Tras el encuentro entre legisladores y prestatarias del servicio de comunicaciones, Conclusión dialogó con el diputado Juan Brugge para que precise cuál era su evaluación sobre el cumplimiento de las empresas en relación a normas aprobadas el año pasado, y que constituyen un paso previo para poder dar eficacia al proyecto de su autoría.

El diputado cordobés indicó a este medio que las firmas “dieron datos, sobre como cumplen las exigencias del Enacom, del ministerio de Comunicaciones y de la cartera de Seguridad que obligó a las operadoras a adoptar una seria de medidas a los fines de dar de baja o bloquear a los equipos de telefonía celular que han sido reportados como robado o hurtados y de qué manera trabajaron para evitar que vuelvan a ser utilizados”.

Para Bruggue, también fue importante la “explicación que se dio para saber cómo se evita que se adultere, duplique o triplique un Imei, que sería como la huella dactilar de una persona, por eso es fundamental saber que estos equipos no se incorporen al sistema”.

—¿Qué es lo que más le preocupa sobre el destino de los celulares robados y adulterados?

—Hay gente muerta por esto. Hay que tomar medidas para frenar el robo y la comercialización ilegal. A un ladrón que usó un Imei adulterado no lo van a encontrar nunca, y un celular Nokia está valuado en 10 mil pesos en una cárcel. Mientras siga habiendo mercado, se van a seguir cometiendo estos ilícitos.

—¿A qué apunta la iniciativa?

—Hay que tomar medidas más profundas. En octubre de 2016 presentamos un proyecto para crear un “Programa de Protección Ciudadana del Uso Indebido de los Servicios de Telecomunicaciones Móviles”, denominado “Alerta”. Y proponemos que en caso que se detecten dos equipos celulares con el mismo Imei, las compañías serán las que bloqueen por medio de sus sistemas y en forma automática un teléfono, porque mientras resulte fácil activar un equipo seguirán existiendo los ilícitos, muchos de ellos con consecuencias gravísimas. Y a esto hay que darle un corte definitivo. Por este motivo hay que obligar a las operadoras a que tomen esta medida. Además, también se supo en la reunión de este martes que de 40 millones de líneas que hay en el país, 15 millones están bloqueadas.

—Sostuvo usted, dirigiéndose a las empresas, que contaba con el asesoramiento técnico que avalaba la petición que les formuló de que cumplan con las exigencias y operadoras dieron una serie de especificaciones sobre el tema. ¿Le satisfizo la respuesta recibida?

—Las empresas me dieron la razón, ellos hablaron de una situación especial y es lógico, porque en lo que hace a tráfico de servicio, están viendo los equipos que funcionan dentro de sus redes, por ese motivo pueden corroborar la duplicación de Imei y eso le facilita actuar inmediatamente. Incluso especificaron que hay plataformas que pueden hacer esa detección y bloquearlos. De allí que la iniciativa también establece pautas para la comercialización de los aparatos y de las tarjetas SIM.

—¿Hasta que esto se logre con la nueva norma, qué hacen las compañías?

—Están en proceso de implementación de dos resoluciones del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) relativas al bloqueo de terminales en caso de robo y al plan de “nominatividad”.

—¿Qué establecen las dos resoluciones vigentes?

—Una de ellas obliga sobre el bloqueo de las líneas y aparatos y reportar el robo, hurto o extravío, y la identificación de los Imei irregulares que operan en sus redes. La otra, apunta a identificar cada celular con su dueño, a través de un registro de datos. Las empresas están interesadas en que salga la ley, para evitar los juicios en su contra y achicar el margen de comercialización. No cabe la menor duda que el proyecto es realizable.

—¿Resta consensuar con los demás bloques para avanzar en la aprobación de esta nueva ley?

—Estamos en tratamiento y fue importante conocer si se podía realizar técnicamente la solución sugerida. Es realizable, y hasta económicamente se puede avanzar en el iniciativa. Las empresas están interesadas en que salga la ley, para evitar los juicios en su contra y achicar el margen de comercialización, como resulta de suma importancia resguardar por sobre todas las cosas la integridad de las personas.