Estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario lanzaron una campaña contra la violencia institucional debido a los reiterados hechos donde efectivos de Gendarmería ingresaron a distintos establecimientos y precisamente cuando se desarrollaban clases públicas sobre la desaparición de Santiago Maldonado.

Por esos hechos, alumnos de las distintas facultades de la UNR lanzaron una campaña para promover la modificación del artículo 31 de la Ley de Educación Superior para que establezca pautas claras sobre el ingreso de las fuerzas de seguridad a las casa de altos estudios.

Por tal motivo emitieron un comunicado donde manifestaron que “vemos con preocupación los hechos acontecidos en la UNJU, UNR, UNGS, UNTREF, UNLZ, UNCO, UNDMP, UNSA donde la fuerza pública ha ingresado de manera arbitraria sin la necesaria autorización judicial ni de autoridades universitarias. Por la continuidad de esta práctica entendemos que no son hechos aislados sino que responden a una definición de las fuerzas de seguridad y de este gobierno de amedrentar e imponer miedo en la comunidad educativa”.

Sin embargo, la mayor preocupación se centró en el episodio ocurrido “la semana pasada, en el Campus de la Siberia por parte de la Gendarmería Nacional, en la búsqueda de un testigo. Los jóvenes que participan de la Campaña Universitaria contra la Violencia Institucional, buscan la modificación del art. 31 de la ley de Educación Superior, entendiendo que la misma no es clara y eficaz a la hora de proteger los derechos de los estudiantes”.

Ante la gravedad de los hechos, proponen “prohibición del ingreso de personal de las fuerzas de seguridad con armas de fuego. Toda notificación o diligencia debe ser llevada a cabo por personal civil”.

Los estudiantes adelantaron que “este pedido de modificación será presentado a la diputada nacional Lucila de Ponti, para que lo eleve al Congreso de la Nación como proyecto de ley”.

En este sentido señalaron que “el gobierno nacional ha elegido a la educación pública como principal variable de ajuste y lo ha demostrado recortando el presupuesto de las universidades nacionales, no convocando a la paritaria nacional docente e incumpliendo la ley de financiamiento educativo, persiguiendo dirigentes gremiales, ajustando el presupuesto en Ciencia y Tecnología y la cantidad de becarios del Conicet”.