El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), conducido por el abogado Dámaso Pardo, firmó un acuerdo bilateral con la oficina de patentes de Estados Unidos, en el cual se incluye la aceptación recíproca de los resultados de patentamiento de ambas oficinas. Pardo fue, hasta junio de 2016, socio del mega estudio PerezAlati, Grondona, Benites, Arnsten& Martínez de Hoz (h), donde representaban a las corporaciones cuyos pedidos de patentes ahora debe regular.
En agosto del año pasado, el funcionario expresó que su función es simplemente “entregar derechos de propiedad si cumplen con los requisitos fijados”. Traducción: bajo su mandato la oficina nacional de patentes priorizará los derechos comerciales por sobre derechos humanos básicos, como el acceso a la salud.
El propio Pardo impulsó la Resolución N°56/2016, que establece que el INPI podrá comenzar a otorgar patentes en el país sin hacer un examen riguroso de las solicitudes de patentes, que en su mayoría no cumplen con los requisitos legales.
Promoción de los monopolios
En similar espíritu al acuerdo recientemente firmado, esa norma permite que los estudios realizados por oficinas de patentes de otros países sean considerados para otorgarlas en la Argentina. De esta manera se promueven los monopolios que permiten a las empresas multinacionales fijar arbitrariamente precios extorsivos por los medicamentos.
El Programa de Procedimiento Acelerado de Patentes, PPH, develado por la directora de la similar de Estados Unidos, Michelle Lee, incluye la aceptación recíproca de resultados de patentamiento de ambas oficinas, como también los informes de búsquedas de patentes de la oficina estadounidense.
“Programa piloto”
El convenio bilateral es presentado como “Programa Piloto” para evitar que deba ser tratado por el Congreso Nacional y es parte de una estrategia para que las oficinas de la región acepten los resultados de patentamiento de Estados Unidos.
La gravedad de este acuerdo es que esto deroga de hecho la Ley de Patentes argentina afectando el precio, la disponibilidad y el acceso a medicamentos esenciales en favor de las patentes ilegítimas de las corporaciones farmacéuticas multinacionales.
De esta manera, se promueven los monopolios que permiten a las empresas multinacionales fijar arbitrariamente precios extorsivos por los medicamentos, algunos de los cuales, como en el caso de antirretrovirales y tratamientos para la tuberculosis, vienen acumulando denuncias de faltantes desde hace meses en los tres subsistemas de salud del país (público, obras sociales y de medicina pre-paga).
