Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)
El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, se presentará el próximo martes ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, que presiden los macristas Pablo Tonelli y Daniel Lipovetzky, para explicar los alcances del proyecto de Gestión de Intereses que buscar regular la actividad de lobby.
Desde el cine, se ha dado entidad en el imaginario colectivo la escena en cuestión. Sin embargo, el lobby es una realidad más allá del cine. Hay mujeres, hay hombres, hay empresas y hay un poder al que todos quieren seducir, aunque no siempre lo consiguen.
El término lobby es de origen inglés que en español significa “sala”, “vestíbulo”, o “antesala”.
Por definición el término lobby alude a los pasillos o corredores de la administración pública, en donde los lobbies se encargan de comunicar los intereses de determinados grupos sociales a los parlamentarios o ejecutivos de gobierno.
Suele definirse al lobby como un grupo de personas físicas o jurídicas, dotadas de influencias, y que pueden presionar en asuntos políticos y legislativos con el objetivo de que las decisiones coincidan con sus intereses.
El 20 de abril pasado, el gobierno envió una iniciativa en la que se especifica que se busca favorecer el control de los ciudadanos sobre la gestión de los tres poderes del Estado a través de mecanismos que fomenten una mayor transparencia en la relación público-privada.
El escrito enviado por el Ejecutivo define a la gestión de intereses como “toda actividad destinada a influir sobre el proceso de toma de decisiones de quien ejerce una función pública”, a favor de “un interés propio o ajeno, sea de modo remunerado o gratuito, habitual u ocasional, planificado o incidental”.
Si bien la normativa es novedosa en Argentina, la Comisión Europea criticó la falta de regulación en España sobre los lobbies en su informe publicado en febrero de este año.
