MIéRCOLES, 03 DE JUN.

Caso Bailaque-Whpei: cuando un amigo se va (de la agenda del teléfono)

El financista, que quedó detenido por 90 días, cambió el número de celular en diciembre pasado, luego de la audiencia de noviembre cuando se conoció la causa. Un día antes de fin de año, bloqueó al juez.

 

El empresario y financista Fernando Whpei (Grupo Unión) quedó detenido este martes por la noche con prisión preventiva por 90 días, acusado en dos causas por presunta corrupción que involucran también a su amigo, el juez federal Nº4 de Rosario, Marcelo Martín Bailaque, quien está imputado pero sigue el proceso en libertad. Entre los argumentos que tuvo en cuenta el juez de la audiencia, Eduardo Rodrigues de la Cruz, para dictar la medida restrictiva de la libertad, es que el acusado borró mensajes de su teléfono celular, bloqueó el contacto del magistrado y compró 8 equipos de comunicaciones “encriptados”, que darían cuenta de su intención de eludir la tarea investigativa. También, por las chances de influir sobre testigos y por su capacidad económica y posibilidades de traslado: entre 2019 y 2024 realizó 69 vuelos en aeronaves particulares.

Tras una extensa audiencia, que se estiró hasta las 21.30, los fiscales Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari acusaron al empresario Fernando Whpei como partícipe de los delitos de extorsión a otros dos empresarios locales y por el presunto manejo irregular de montos millonarios de una cooperativa que estaba bajo el control del juez Bailaque, y que fueron derivados a una mutual que controlaría el representante del Grupo Unión.

Luego de exponer la evidencia que reunieron, los fiscales solicitaron la prisión preventiva del empresario por seis meses, el embargo de sus bienes por $1.500 millones y la inhibición general de sus bienes hasta alcanzar esa suma.

Para fundamentar la medida solicitada, el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Velasco, quien participó por zoom de la audiencia, señaló que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación por parte del acusado.

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Entre otros datos, reveló que Whpei realizó 69 viajes en aviones privados en los últimos cinco años, y que posee firmas offshore en guaridas fiscales o distritos de opacidad financiera como las Islas Vírgenes británicas y Uruguay, que darían cuenta de su poderío económico.

Bloqueado

Los acusadores explicaron que luego la primera audiencia del caso, en noviembre del año pasado, que involucró al juez Bailaque, al ex titular de la Afip Santa Fe Carlos Vaudagna y al contador Gabriel Mizzau -al mismo tiempo amigo del magistrado y asesor contable del narco condenado Esteban Alvarado, una de cuyas causa tramitó en el juzgado federal Nº4-, el empresario Whpei realizó modificaciones en sus aparatos de telefonía celular.

Usó la aplicación Whatsapp con esa línea hasta el 25 de noviembre, “es decir, tres días después de la segunda audiencia que hicimos por este caso en esta sala, audiencia multipropósito que se ventiló este caso”, puntualizó el fiscal Argibay Molina.

De acuerdo a su exposición, el 4 de diciembre de 2024 le envió un mensaje a otro financista, Horacio Angeli, de Transatlántica, para contarle que había cambiado el número de línea de teléfono celular. Según leyeron los fiscales, le pidió a Angeli que conservara el viejo número, pero que se comunicara con el nuevo.

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También en esos días le envió un mensaje a su hermano, el empresario y titular del Museo de la Democracia, Guillermo Whpei, para comentarle que había adquirido ocho “teléfonos encriptados”. El 28 de diciembre le mandó una mensaje de voz sobre ese asunto y el 29 un enlace a una nota del diario digital La Política online sobre la audiencia que había tenido como objeto a los contadores y a Bailaque.

“También hay distintos mensajes entre usted y su hermano de las noticias sobre el avance de esta investigación”, precisó el fiscal Argibay durante su exposición. Y, finalmente, contó que a pesar la amistad que los une hace años -aunque el juez en algún momento la negó- antes de las fiestas de fin de año, borró de su agenda telefónica a Bailaque.

“De la extracción forense de sus teléfonos”, dijo el fiscal, surge que “el 30 de diciembre de 2024 bloqueó el contacto de Marcelo Bailaque”.

La acusación

El titular del grupo Unión es investigado en causas que lo conectan con algunos de los delitos que se le achacan al juez Bailaque, quien también enfrenta un proceso penal, pero en libertad. El magistradofue acusado de armar una causa penal para exigirle al empresario y agente de bolsa Claudio Iglesias una suma de 160.000 dólares a cambio de desactivar dicha causa. Fue el propio Iglesias quien apuntó directamente a Whpei quien habría sido el encargado de cobrar el dinero, en representación del funcionario público del Poder Judicial

Asimismo, Whpei también está acusado de ser parte de maniobras ilegales conjuntas con Bailaque para desviar 1.000 millones de pesos de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín a la financiera de la que es titular. 

Dicha causa se originó en el año 2019, cuando fue intervenida la cooperativa y se bloquearon las cuentas bancarias, plazos fijos, cajas de ahorro y cuentas corrientes. Quien manejó ese expediente en Rosario fue Marcelo Bailaque quien, según expusieron los fiscales, “en ejercicio de sus funciones, autorizó la liberación de fondos que se encontraban judicialmente inmovilizados, los cuales fueron girados a la entidad financiera perteneciente a su amigo Fernando Whpei, situación que desconoció en un principio y que, luego de la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, reconoció como cierta”.

El juez federal fue “recusado por un grupo de asociados de la cooperativa que alegaron los intereses del magistrado en el caso en función de su estrecha amistad con el empresario financista Fernando Whpei, quien fue favorecido a partir del desbloqueo judicial de fondos que implementó Bailaque en el ejercicio de sus facultades como juez federal”.

En este marco, Fernando Whpei fue imputado este martes y, tras decidirse la prisión preventiva, fue trasladado a una dependencia de la Policía Aeroportuaria hasta su ingreso al Servicio Penitenciaro Federal.

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