Senado: se debatió el número de miembros de la Corte, en medio de acusaciones de ser corruptos e ineptos

El plenario de comisiones del Senado constituido por las comisiones de Asuntos Constitucionales,  de Justicia y Asuntos Penales, comenzó pasadas las 13, con la presentación de las iniciativas que buscan modificar la composición de la Corte, actualmente compuesta por 3 de sus 5 integrantes.

El debate sobre la ampliación del número de ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dista mucho de ser considerado novedoso, durante el gobierno del Frente de Todos se aprobó que el máximo tribunal debía estar constituido por 15 miembros, sin embargo, la media sanción perdió estado parlamentario cuando se debatió en la Cámara de Diputados.

Se puede afirmar que las iniciativas presentadas, coinciden en aumentar el número de cortesanos en 7, 9 y hasta 15,  establecer el cupo/la paridad de género y pero también una representación federal.

El primero en tomar la palabra fue el senador Juan Carlos Romero, que impulsó elevar el número de integrantes de cinco a siete miembros, aclarando que su proyecto «no es jurídico» sino que «político».

«La resolución de cubrir los cargos en nuestro país requiere del diálogo y del consenso. El hecho que no se hayan podido cubrir las vacantes de la Corte, que tengamos sin cubrir la Procuración y cientos de cargos pendientes a la Justicia, fue la falta de consenso», dijo Romero.

En su exposición, Romero señaló el “riesgo de vivir con conjueces tomando decisiones”, lo que hace que aumente “la dilación de la resolución” y “lo más grave” -opinó- es que “al ser gente que viene de otros tribunales, puede llegarse a cambiar la jurisprudencia histórica que tiene la Corte en muchos temas”.  “Esto sí trae inseguridad jurídica; algunos dicen que aumentar el número también. Pero más grave que aumentar el número es que se pierda una línea de trayectoria en los fallos que nos haga previsibles”, argumentó.

Por último, el senador aliado del oficialismo alertó  que “de nada sirve aprobar una ley si no hay voluntad política de las fuerzas mayoritarias de lograr un consenso de los dos tercios”. “En algún momento todas las fuerzas debemos entender que si no hay consenso no habrá cobertura de cargos”, cerró.

Para la neuquina,  Silvia Sapag, que hizo referencia a las marchas de los jubilados de cada miércoles ante el Congreso, esta claro que “no hay ningún juez que los defienda; no hay un solo juez que venga un miércoles acá a ver lo que sucede”. “Esto de no tener justicia en nuestro país pasa hace mucho tiempo. En la dictadura, ¿dónde estuvo el Poder Judicial?”,manifestó y aseguró: desde esos tiempos hasta hoy «el Poder Judicial no existe, o está viciado”.

La legisladora sureña,  habló de “un poder monárquico, el poder mejor pago, donde esconden lo que ganan” y “eso los transforma en coimeados”. “La degradación es total y esto ha ido in crescendo desde los tribunales más bajos a la Corte Suprema”.

Por otro lado, desde el inicio la discusión se instaló desde el interbloque Provincias Unidas, de la cordobesa Alejandra Vigo como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales , quien señalo que se trata de “un tema que es sumamente importante” y, por lo tanto se tomaran “el tiempo” necesario para analizar ocho proyectos en carpeta,  y “debatir todo lo que haga falta” para “llegar a un consenso para un dictamen final”.

El presidente del interbloque de Juntos por la Patria, José Mayans, se despachó a piacere contra los actuales miembros de la Corte Horacio Rossati, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, al referir que Estos miembros de la Corte no están a la altura de la circunstancia. Su función es interpretar la Constitución y aplicarla, pero lo que ha sido el trabajo de esta Corte es la violación permanente de la Constitución».

Para el formoseño, es un «grave problema institucional tener al frente en la Corte a jueces que son, en primer lugar, ineptos, y en segundo lugar, corruptos». «No merecen el cargo. La Corte está en una crisis que es total, una interna. ¿Quién se queda con la caja del Consejo de la Magistratura? ¿Quién se queda con la caja del Poder Judicial? Esa es la discusión que tiene la Corte hoy», disparó.

El formoseño, señaló que “no tenemos Presupuesto Nacional, no tenemos política cambiaria, no tenemos política monetaria, política fiscal, ni impositiva, previsional, educativa, de salud, de seguridad, de defensa, de control de la deuda, de relación con los estados provinciales. Y tenemos una Corte que ante cualquier reclamo mira para otro lado”.

En tanto que, el senador radical Pablo Blanco manifestó: “Me parece muy importante que discutamos si la Corte Suprema tiene que ser cinco, siete o nueve, pero a mí lo que me preocupa es que últimamente este Senado se esté juntando pura y exclusivamente por temas que nos interesan a la clase política”.

“Es importante que tengamos Auditoría General de la Nación, que hace 30 días está vacante y es una vergüenza que un Gobierno que se dice defensor de las auditorías no facilite la discusión para el cumplimiento de la ley. Pero es mucho más importante discutir la problemática que está teniendo la gente con discapacidad, con los créditos UVA…”, remarcó.

La senadora Mónica Silva (Río Negro), que impulsa su propia iniciativa,  busca incrementar el número de cinco a nueve miembros, y también subrayó en su intervención sobre  la paridad de género y el carácter federal en su composición de la Corte Suprema.

«La Corte no puede seguir funcionando sin una mirada del género femenino. Me parece que es sumamente perjudicial para la sociedad que la Corte no tenga una mirada de juezas mujeres», expresó y añadió que la Cámara alta: «contiene la mirada de las 24 jurisdicciones. Las provincias tienen mucho que decir en torno a cómo se imparte justicia».

Este año, el intento del oficialismo de imponer como ministros de la Corte para cubrir las vacantes a Ariel Lijo, que no había renunciado a la titularidad de su juzgado federal a la espera del acuerdo en la Cámara alta y Manuel García-Mansilla que asumió en comisión, cayó en saco roto porque el Senado resolvió rechazar los dos pliegos remitidos por el Ejecutivo Nacional.