Estrella Moreno Robinson: “Debemos ser un Ministerio Público y tener una defensa integral, no solo penal”
La actual titular del Servicio Público de la Defensa Penal (SPPDP) pidió a convencionales reformadores incluirlo como un órgano extrapoder en la nueva Constitución provincial. Las experiencias de Nación y Jujuy.
“Consideramos que la Defensa Pública de Santa Fe tiene que ser un órgano autónomo, autárquico y a su vez independiente del Poder Judicial. Creemos que debemos ser un Ministerio Público de la Defensa y tener la defensa integral, es decir en todas las materias, porque hoy sólo atendemos en el aspecto penal y no es una respuesta integral como debe ser y como mandan las reglas de Brasilia y como manda el sentido común”, dijo a Conclusión la titular del actual Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Estrella Moreno Robinson, tras reunirse con convencionales que el próximo lunes comenzarán a discutir la reforma de la Constitución de Santa Fe. El objetivo es que el servicio sea incluido en la nueva carta magna como un órgano “extrapoder”, es decir que no dependa ni del Ejecutivo, ni del Legislativo ni del Judicial, como ocurre a nivel nacional luego de la reforma de 1994.
Junto con la defensora general de Jujuy, María Gabriela Burgos, y su par nacional Fernanda López Puleio, Moreno Robinson recibió a convencionales constituyentes santafesino para plantearles la postura institucional y dar a conocer las experiencias autonomistas del servicio en otras jurisdicciones.
El SPPDP es el servicio estatal de abogados defensores para personas que enfrentan una causa penal. Son 73 en toda la provincia y su titular aguarda que se cumpla la promesa gubernamental de cubrir 27 vacantes. Desde hace un mes, sumó como cobertura la defensa de menores tras los cambios en el sistema penal juvenil (de 16 y 17 años).
Consultada sobre los “beneficios” de que el servicio esté incluido como tal en la nueva Constitución, Moreno señaló que “la autarquía financiera, la independencia respecto a los otros poderes, es poder dar defensa de calidad, que todos los defensores tengan la autonomía para hacerlo, que no tengan temor de defender, que no tengan ningún tipo de injerencias ni de interferencias de nadie, y a la vez que tengan los recursos para llevar adelante esa defensa como manda todos los tratados internacionales a los que estamos adheridos”.
La defensora recordó que “hoy tenemos una autonomía y autarquía, pero dentro del Poder Judicial y por ley. Tiene que tener rango constitucional. Eso es fundamental porque queremos seguir dando respuestas de calidad, pero sobre todo queremos dar respuestas integrales”, en distintas materias judiciales (penal, civil, contencioso, juvenil).
Los abogados y abogadas públicas, que mayoritariamente representan a personas sin recursos que no pueden afrontar los honorarios de un profesional particular, atienden la mayor porción de la demanda. “El año pasado atendimos el 70% de las audiencias (sin contar las de ejecución), atendimos el 60% de los juicios, 9 de cada 10 personas privadas de libertad, el 75% de los procedimientos abreviados”, enumeró la titular del servicio.
Otras experiencias
La defensora General de Jujuy, Burgos, afirmó que “lo mejor que le puede pasar a Santa Fe es que la mayoría de los puntos, o la totalidad los puntos sean alcanzados en consenso y por unanimidad, porque eso garantiza y robustece y le da fuerza a la Constitución que van a sancionar”.
“No les tengan miedo, todos aquellos que estamos transitando, vamos a colaborar para que la experiencia de Santa Fe sea única, pero que a la vez refuerce el sistema de justicia que tan cuestionado está siendo en todo el país. Creo que la idea también es reforzarlo a través de una independencia, de una autonomía del Ministerio Público de la Defensa, que sea capaz de generar su propia política organizacional sin la necesidad de una intervención o intromisión de cualquier otro sujeto dentro del sistema judicial”.
Por su parte, la representante de la Defensoría Nacional, Fernanda López, sostuvo que dotar de autonomía al servicio tiene un “beneficio principal, yo diría, que es para la gente”. Añadió que “los modelos de defensa pública autónoma trabajan sobre, normalmente, las fricciones o los inconvenientes para acceder a un abogado, no solo por cuestiones económicas. Por ejemplo, las comunidades indígenas muchas veces tienen otras problemáticas, además de las económicas, para el acceso a un abogado. Entonces, las defensorías públicas, el primer fin que están encomendadas a cumplimentar es el de ser un servicio público y eso significa para la gente”.
Para López, “cuando el modelo funciona, el primer agradecido es el juez y el fiscal. Lo que hay que tratar de lograr es soluciones de coexistencialidad. Es decir, no puede ser una guerra entre un defensor, un fiscal y el juez que se tiene que mantener equidistante, debe ser una solución”.