Ambientalistas denuncian que se deforestaron ilegalmente 31.000 hectáreas en seis meses en Santiago del Estero y Chaco
Según un relevamiento de Greenpeace, en el primer semestre de 2025 se destruyó una superficie equivalente a una vez y media la ciudad de Buenos Aires. La organización reclama sanciones penales para frenar el avance del ecocidio.
Entre enero y junio de 2025, la deforestación ilegal arrasó con 31.000 hectáreas de bosque nativo en las provincias de Santiago del Estero y Chaco. Así lo advirtió Greenpeace, tras comparar imágenes satelitales que evidencian una devastación constante y sin freno. La organización ecologista denunció, una vez más, la ineficacia del sistema actual de multas y exigió la penalización de quienes destruyen ilegalmente los bosques.
Según el informe, Santiago del Estero lidera el ranking de desmontes con 22.315 hectáreas deforestadas, mientras que en Chaco se registraron 8.685 hectáreas. En conjunto, se trata de una superficie superior al tamaño de la ciudad de Buenos Aires, lo que dimensiona la magnitud del problema. A pesar de los compromisos internacionales asumidos por Argentina, como el acuerdo firmado en la Cumbre Climática de Glasgow en 2021 para alcanzar la Deforestación Cero en 2030, la destrucción avanza sin control.
Greenpeace detectó que, en los primeros seis meses del año, en Santiago del Estero y Chaco la deforestación ilegal alcanzó las 31.000 hectáreas, una superficie equivalente a una vez y media el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. La organización ecologista volvió a reclamar la penalización de la destrucción de bosques.
Uno de los principales obstáculos para frenar esta situación, según Greenpeace, es la falta de voluntad política. “Es evidente que hay complicidad de los gobiernos provinciales», afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de la organización. Por ejemplo, en Santiago del Estero se autoriza la actividad ganadera en zonas donde la Ley Nacional de Bosques lo prohíbe. Asimismo, en Chaco no se hace cumplir un fallo judicial que ordena la suspensión de los desmontes.
Por otro lado, las sanciones económicas actuales no disuaden a los responsables. “Cuando las multas son bajas, los empresarios las asumen como parte de sus costos; y cuando son altas, usan abogados para no pagarlas”, agregó Giardini. De este modo, la falta de consecuencias reales facilita que el ecocidio continúe.
“La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Debemos acabar con la impunidad, penalizando la destrucción de nuestros bosques”, señaló Giardini.