En más de la mitad de los hogares de barrios populares de Argentina se vive en condiciones de hacinamiento

Más de la mitad de las viviendas de barrios populares de la Argentina presentan condiciones de hacinamiento, mientras que el 90% enfrenta un alto riesgo ambiental.

Así se desprende de los datos del informe “Condiciones de vida en barrios populares”, elaborado en 2024 por el Observatorio Villero de La Poderosa y ACIJ, con el asesoramiento técnico del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG-UBA) y la Fundación TEMAS, relevando las condiciones habitacionales de nueve barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Corrientes y Tierra del Fuego.

La muestra alcanzó a 1.485 hogares, abarcando un total de 5.024 personas, mientras se estima que en el país hay más de cinco millones de personas habitando los más de 6.000 barrios populares, lo que representa un 10% de la población nacional.

En los datos recogidos, en el análisis del déficit habitacional cuantitativo, el 50,2% de las viviendas mostraban algún grado de hacinamiento (entre 2 y 3 personas por cuarto), mientras que el 10,7% exhibía un nivel crítico (más de tres personas por cuarto), con los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires superando altamente los grados del promedio nacional.

De la misma manera, el 90% de los hogares enfrenta un alto riesgo ambiental, es decir, presencia de plagas, acumulación de basura y proximidad a fuentes contaminantes.

Detalladamente, el 49% de las viviendas se encuentra cerca de agua contaminada y el 29% junto a basurales, lo que incrementa significativamente la exposición a enfermedades.

Según informaron sus realizadores, el objetivo del informe es visibilizar las desigualdades persistentes y los costos que asumen las familias para sostener su vida cotidiana en contextos de precariedad estructural, como así también aportar herramientas para la incidencia en políticas públicas que reconozcan estos territorios como parte integral de las ciudades/conglomerados.

Los barrios relevados para el informe fueron La Isla Maciel, Los Álamos II y Las Dalias en la provincia de Buenos Aires; la Villa 21-24 Zavaleta y el Barrio Mugica (Ex Villa 31 y 31 Bis) en la Ciudad de Buenos Aires; el Complejo Yapeyú – Bajo Yapeyú en Córdoba; Mendoza al Sur en Corrientes; Virgen Desatanudos en La Rioja; y Mirador de Ushuaia en Tierra del Fuego.

Otros datos destacados del informe es que en los nueve barrios analizados, entre el 20% y el 30% de la población tiene 14 años o menos, mientras que casi no hay presencia de personas mayores a 75 años.

Además, el 41% de las familias recurre a comedores comunitarios, cifra que llega al 60% en algunos barrios.

También, solo el 18% de la población cuenta con cobertura de salud, mientras que el 13% tiene al menos una persona con discapacidad, en algunos barrios ascendiendo esta cifra al 20%.

Por otro lado, solamente el 27% de las viviendas relevadas se ubica sobre calles asfaltadas y el 46% sobre calles de tierra, mientras que apenas el 15% de las viviendas alcanza una calidad constructiva suficiente.

El acceso a los servicios públicos es crítico, ya que el 73% de las viviendas presenta condiciones precarias, con problemas de conexión, calidad o cantidad. Puntualmente, el 50% de los hogares relevados accede al agua mediante conexiones informales (alcanzando picos del 95% en algunos barrios) y el 63% se conecta de manera precaria a la red eléctrica.

“Los resultados de este relevamiento muestran que la vida cotidiana en los barrios populares transcurre en un contexto marcado por la precariedad y la desigualdad estructural, condiciones que son invisibilizadas y, en muchos casos, normalizadas por la propia comunidad. La combinación de hogares jóvenes y feminizados, con alta dependencia de redes comunitarias y prestaciones sociales, junto con el déficit e informalidad de la infraestructura y los servicios básicos, y la exposición a riesgos ambientales, refuerza las múltiples vulneraciones que atraviesa la población que habita estos territorios. Con un tercio de la población conformada por niños, niñas y adolescentes, estas condiciones no sólo afectan el presente, sino que también condicionan las oportunidades de desarrollo futuro, perpetuando ciclos de exclusión social y territorial”, señalaron en las reflexiones finales del relevamiento.

Luego, concluyeron: “La complejidad y magnitud de los déficits identificados evidencian la necesidad de una intervención integral y sostenida que garantice el efectivo cumplimiento de derechos básicos. El desfinanciamiento y el retroceso de la políticas de integración, así como la desarticulación de programas comunitarios, profundiza y reproduce las condiciones de exclusión. En este contexto, resulta urgente sostener procesos de integración sociourbana que aseguren infraestructura de servicios públicos básicos y articulen políticas integrales de salud, educación, ambiente y movilidad urbana”.