Trabajo esclavo: piden informes por trabajadores rurales rescatados de un campo del norte santafesino

Una investigación de la sede fiscal descentralizada Rafaela, a cargo del fiscal federal Gustavo Onel, informó que 31 trabajadores rurales -entre ellos dos menores de edad-, fueron rescatados en condiciones de hacinamiento en allanamientos realizados en dos campos ubicados sobre la ruta provincial N°77, en la localidad de Pozo Borrado del departamento 9 de Julio, al norte de la provincia de Santa Fe. “De acuerdo a los constatado en los procedimientos, las víctimas vivían bajo precarios toldos de nailon, sin agua potable ni baños, con jornadas de trabajo de diez horas, de lunes a lunes”, señaló la Fiscalía. Por eso, el diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), Fabián Palo Oliver, presentó un pedido de informes en la Cámara baja para saber si “las firmas comerciales están registradas y quiénes son los responsables”.

Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), el caso se inició el 4 de septiembre cuando personal de la división Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca, ex Afip), notificó a la sede fiscal de Rafaela sobre un procedimiento realizado junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) en un campo identificado como establecimiento «Santa Ana”, en cercanías de la ruta provincial N°77, en la localidad de Pozo Borrado, situada a pocos kilómetros del límite con Santiago del Estero.

Allí, identificaron a 15 personas que realizaban tareas de desmalezamiento, entre ellos dos adolescentes de 17 años. “Se constató que vivían en campamentos improvisados, en condiciones de precariedad absoluta, sin agua potable ni baños (solo tenían tachos para hacer sus necesidades) y dormían en el piso sobre mantas o colchones”, señaló la Fiscalía.

Al ser entrevistados por las autoridades, los trabajadores dijeron ser oriundos de la localidad de Los Juríes (Santiago del Estero), contaron que cumplían jornadas laborales de 8 a 18, de lunes a lunes y con salarios de 300 mil pesos por quincena, “al cual se les descontaba el valor de la comida”.

“De esos testimonios surgió que los trabajadores no tenían posibilidad de retirarse del lugar, no contaban con medios de comunicación, varios de ellos no sabían leer ni escribir y otros estaban indocumentados, aspectos que dejaron en evidencia su estado de vulnerabilidad social”, agregó el comunicado de la Fiscalía.

La comisión fiscalizadora luego se trasladó a un campo lindero, identificado como “La Revancha e Isabelliana S.A.”, donde detectó a otro grupo de cinco trabajadores en las mismas condiciones laborales, que residía en tolderías precarias con improvisadas carpas, en condiciones calificadas como “deplorables” por los funcionarios.

Entre la noche del jueves y la mañana del viernes pasados, personal de la Agencia Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe allanó los establecimientos rurales, requisó los campos y logró rescatar a 31 personas alojadas en las condiciones referidas.

¿Quiénes son?

Ante el conocimiento del caso, el diputado Palo Oliver presentó este miércoles un pedido de informes que requiere datos de los ministerios de Trabajo, de Gobierno e Innovación Pública, de Ambiente y Cambio Climático y de Seguridad y Justicia.

En cuanto a la solicitud de información, el legislador pretende saber si el Ministerio de trabajo intervino en el operativo del 4 de septiembre, “si existen antecedentes de controles efectuados por esa dependencia en las explotaciones agropecuarias referidas y si se encuentran registrados como empleadores las firmas La Revancha e Isabelliana S.A. y Santa Ana y en caso de ser así, quienes son los responsables de las mismas”.

En cuanto al Ministerio de Gobierno e Innovación pública, el legislador también pregunta si “las firmas antes mecionadas están inscriptas en el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos y, en su caso, si están registradas como sociedad”. En caso de que la respuesta sea afirmativa, solicita que “se remita la información y documentación de la sociedad”.

Por su parte, al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático se le solicita que informe si se ha relevado mediante inspecciones el cumplimiento de la Ley Provincial N° 13372 por parte de los emprendimientos agropecuarios referidos.

Finalmente, se le solicita al Ministerio de Seguridad y Justicia que informe los datos registrables y catastrales “del o los inmuebles donde se llevaron a cabo los procedimientos ordenados por la Justicia Federal con identificación de sus titulares registrales, si existen antecedentes de denuncias ante autoridades policiales y/o del Ministerio respecto de los hechos acreditados a partir de los procedimientos ordenados por la Justicia Federal y que informe sobre la participación de las fuerzas de seguridad provinciales en el operativo concretado el día 04/09/2025”.