Ampliaron la imputación al ex juez Marcelo Bailaque por dádivas y lavado de activos, y le prorrogaron la prisión preventiva
En una audiencia realizada en lo Tribunales Federales de la ciudad de Rosario, el fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Argibay Molina, solicitó extender la detención del ex juez federal.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), y la Procuración contra el Narcotráfico (PROCUNAR), amplió la imputación al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque por los delitos de dádivas y lavado de activos, a través del cobro de alquileres de un inmueble de su propiedad ubicado en la localidad de Caleta Olivia (Santa Cruz) a través de una mutual relacionada al empresario Fernando Whpei. La atribución de los hechos también roza al contador Gabriel Mizzau. El juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz formalizó la imputación, y resolvió prorrogar la prisión preventiva domiciliaria de Bailaque por el plazo de 120 días, con vencimiento el 23 de marzo de 2026.
En una audiencia celebrada este jueves en los Tribunales Federales de Rosario, el fiscal de Procelac, Juan Argibay Molina, expuso la ampliación de la imputación al exjuez Marcelo Bailaque, detenido y en prisión domiciliaria desde mayo pasado investigado por diversos delitos funcionales, entre ellos, prevaricato, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario.
Al detallar la atribución, Argibay Molina expuso que Bailaque recibió $5.719.194 en pagos mensuales efectuados por Whpei con la intervención de Siempre Joven Asociación Mutual, desde enero de 2019 hasta enero de 2025, período durante el cual se desempeñó como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de Rosario.
Según esa hipótesis, la entrega y la recepción del dinero se enmascaró mediante el contrato de locación del inmueble ubicado en presidente Hipólito Irigoyen 29 (ex 2044), de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, de propiedad de Bailaque.
La investigación determinó que la mutual Siempre Joven tiene domicilio en Mariano Moreno 5522 de Wilde, provincia de Buenos Aires, y está vinculada tanto a Whpei como con distintas personas jurídicas relacionadas a éste, tales como: Grupo Unión SA, Lancers SA, Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, Unión Provincial Asociación Mutual.
La mutual 12 de Septiembre utilizó la propiedad hasta mayo de 2023 y, desde ese momento quedó desocupada y en estado de abandono. Pero sin perjuicio de ello, Siempre Joven continuó pagando mensualmente por el alquiler hasta enero de 2025. Para la Fiscalía, el alquiler de la propiedad por parte de la mutual Siempre Joven resultó extraño a su objeto, pues la contratación careció de causa real y “funcionó exclusivamente como vehículo para transferir dinero a Bailaque debido a su cargo como juez federal”.
Bailaque, de acuerdo a la imputación, incluyó ingresos en sus declaraciones juradas patrimoniales, tanto ante el fisco como ante el Consejo de la Magistratura, como ingresos lícitos. “Como consecuencia de este proceder, recibió beneficios económicos indebidos por parte Whpei, motivados exclusivamente por su calidad de juez federal, que fueron confundidos con la actividad comercial de locación, facturados, expuestos en declaraciones juradas patrimoniales y puesto, de ese modo, en circulación en el mercado.
Para sustentar la imputación, el fiscal sostuvo que los hechos se acreditaron con reporte de movimientos de la caja de ahorro; transferencias de dinero corroborada con facturas emitidas por Bailaque. De acuerdo con lo informado por ARCA, Bailaque facturó servicios de alquiler por un total de $5.145.722.
En relación a las medidas cautelares, Diego Iglesias, titular de PROCELAC, solicitó la prórroga de la prisión preventiva domiciliaria por 90 días Mizzau y Bailaque. Y si bien ya pesa sobre Bailaque un embargo por 600 millones de pesos, ante las nuevas figuras endilgadas, requirió ampliar el embargo a los 685 millones de pesos.
El juez Da Cruz rechazó los planteos formulados por su defensa y formalizó la ampliación de la imputación en los términos y calificación legal que propuso la Fiscalía. Y resolvió prorrogarle la prisión preventiva domiciliaria por el plazo de 180 días, con vencimiento el 23 de marzo de 2026. Respecto de Mizzau, le prorrogó la prisión preventiva domiciliaria hasta el 10 de noviembre de 2025.