Denuncia penal a Milei y su equipo por “daño al fisco de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares”
La presentación ingresó a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas luego de la maniobra con las retenciones al 0%, que redundó en un extraordinario negocio para un grupo de agroexportadoras.
El presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, Sergio Iraeta, fueron denunciados penalmente por los delitos “administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional y abuso de autoridad” luego de la maniobra a través de la baja de retenciones a la exportación de granos y derivados, que se extendió apenas por tres días, y originó una pérdida de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares al Estado, renta extraordinaria que captó un conjunto de cerealeras multinacionales.
La denuncia presentada ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) es anónima y se presume que el autor es un abogado que trabaja para el Estado, razón por la cual ocultó su identidad. El escrito también pide que se investigue a “los responsables de las empresas exportadoras de granos u oleaginosas Bunge Argentina; LDC Argentina SA; Cofco Internacional Argentina, Viterra Argentina SA, Cargill SACI en calidad de partícipes necesarios” en los mismos delitos.
La maniobra consistió en lo siguiente: el lunes 22 de septiembre se publicó en Boletín Oficial de la Nación el Decreto 682/2025 que dispuso retenciones al 0% hasta el 31 de octubre, pero en caso que las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) del complejo granario alcanzaren el techo de 7.000 millones de dólares, “el beneficio de retenciones 0% concluiría en ese mismo instante”, dice la norma. Eso fue lo que ocurrió.
Un grupo de exportadoras presentó declaraciones juradas -que son manifestaciones de envíos al exterior, que pueden hacer durante el plazo de un año y sin necesidad de ya haber comprado el grano- en 48 horas por U$S7.000 millones, por lo que en dos días se acabó “la promo”.
“Los dos días de este artificioso jubileo, implicaron para el fisco una pérdida patrimonial de entre 1.000 a 1.500 millones de dólares”, estima la denuncia, y agrega que “la cifra es alrededor de 10 veces lo asignado oficialmente al Hospital de Pediatría Garrahan para el año que viene”. Lo curioso, también, es que las declaraciones juradas por U$S7.000 millones que presentaron las cerealeras en 48 horas es equivalente al 30% de lo que el complejo granario exporta en un año.
Es decir que las exportadoras dijeron que van exportar granos y derivados por U$S 7.000 millones, todavía no los compraron ni los embarcaron para enviar a otros países, pero se ganaron entre 1.000 y 1.500 millones de dólares por el no pago de las retenciones, beneficio de que los productores agrícolas no recibieron porque cuando el plazo de retenciones 0% duró 48 horas, y cuando las agroexportadoras les compren la mercadería ya tiene nuevamente el derecho de exportación, que es del 26%.
“Al margen del daño al fisco que se ocasiona documentando operaciones pasadas o futuras como realizadas en un presente donde no se hicieron, y así no pagar retenciones por ellas, también se daña a los productores de granos. Existe un enriquecimiento sin causa de las empresas exportadoras”, señala la denuncia.
En otro tramo, agrega que “esto porque el precio de pizarra, que es aquel que las empresas exportadoras le pagan al productor del grano, ya lleva descontado el monto de lo que supuestamente luego las empresas exportadoras le pagarán al fisco. Pero como las empresas exportadoras no le pagará nada al fisco (al menos por esas operaciones registradas durante el jubileo de los dos días que equivalieron al 30% de las exportaciones anuales) el exportador se quedará para él con parte del precio que le correspondía al productor”.
Además, señala que “estas acciones redundaron en una perdida de recursos para el Estado de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares” por las retenciones no percibidas, lo cual significa “una administración infiel que hicieron los funcionarios denunciados, de las herramientas normativas a su alcance, en perjuicio del Estado. Y en beneficio de las empresas exportadoras”.