¿Qué implica la liberalización de portación de armas en la que avanzan Bullrich y Milei?

El desmantelamiento de las políticas de desarme en la población está entre las pocas promesas de campaña que La Libertad Avanza puede decir que cumplió. Por medio del Decreto 445/2025, Javier Milei eliminó la autonomía y personería jurídica de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), organismo nacional que se encarga de la fiscalización, seguimiento y autorización de determinados materiales que pueden llegar a comprometer la integridad física de las personas, desde vidrios blindados y pirotecnia hasta armas de fuego. Posteriormente a esto, la administración nacional bajó la edad para acceder a un carnet de portación de armas de los 21 años a los 18 años.

En el punto 17 de la plataforma electoral presentada por La Libertad Avanza (LLA), “Sobre la tenencia de armas de fuego”, la fuerza anarcocapitalista plantea “la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”. Los referentes libertarios defienden esta postura bajo el argumento de que los países con libre portación de armas tienen menores índices de violencia urbana y delincuencia. La realidad parece ir en contra de este argumento en todos los países. Y ciudades.

Según el último informe publicado por el Observatorio de Seguridad Pública del ministerio de Seguridad provincial en Santa Fe, en colaboración con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), hubo 85 homicidios dolosos en 2025 en el departamento Rosario, de los cuales 73 fueron efectuados con armas de fuego (85,9% del total), mientras que según el periodista Agustín Lago, hubo 33 sucesos de violencia urbana (entre homicidios, balaceras y ataques realizados con armas de fuego) hasta el momento de editar esta crónica. La consultora internacional, investigadora, formadora en Seguridad Internacional y ex directora ejecutiva de la Anmac entre 2021 y 2023, Natasa Loizou analizó junto a Conclusión la situación de circulación de armas de fuego en Santa Fe y las políticas de acceso a armamento del gobierno de La Libertad Avanza.

– ¿Qué opinás de la decisión del gobierno nacional de desmantelar la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac)?

– Es muy preocupante la eliminación de la institución. No estoy haciendo una mera defensa de la misma sino de toda una historia en la trayectoria de la Anmac. La Anmac, o lo que era la ex Renar, tenía competencias de control junto con la Aduana, las policías federales, provinciales, la colaboración a la justicia para investigar casos que involucran o usuarios, empresas o armamento, entonces el desmantelamiento de la manera que se realizó es el desmantelamiento de todas estas capacidades con el Estado argentino, las personas y todos los que trabajaban allí.

– Pero ¿qué consecuencias puede llevar esta medida en la práctica? Me refiero sobretodo a lo que tiene que ver con políticas judiciales o la prevención de la violencia urbana

– Se dificulta el trabajo de investigación criminal, el trabajo de investigación judicial sobre causas de contrabando, sobre causas de violencia que tienen que ver con armas, municiones y explosivos. Lo vemos con mucha preocupación. Y no sólo las fuerzas políticas, sino organizaciones internacionales que se dedican, desde la segunda guerra mundial, a estudiar los efectos de la libre portación de armas o de su restricción y la aplicación de políticas de desarme. Los países que desregulan sus sistemas de seguridad y paz son una amenaza para el sistema de seguridad internacional.

Cuando se flexibiliza y se desregularizan los sistemas de control y el acceso a las armas, de uso y manipulación y después el resguardo de esas armas -alguien que tiene un arma la tiene que guardar, con lo cual la tiene que resguardar en algún sitio- del traspaso y transferencia de armas y todas estas infinitas transacciones que antes fiscalizaba la agencia, esto queda bajo la anomia de los usuarios. Si bien se puede alegar la responsabilidad de las personas, está demostrado que la falta de controles y seguimiento habilitan el acontecimiento de situaciones que son gravosas para la seguridad de las comunidades en su conjunto.

La Anmac tenía cerca de 300 trámites, cada uno de ellos abriéndose a diferentes hilos. Cuando todo eso se desregula y el Estado pierde capacidad de regulación, empezamos a tener cuestiones de desmadres, el Estado se repliega de la vida pública y queda en la buena voluntad de las personas en resolver sus conflictos y a veces por las buenas, a veces por las malas.

– Lo que subyace en nuestra conversación es la cuestión de la violencia. Se entiende que las armas por sí solas no efectúan actos de violencia, sino las personas que las manipulan, pero no es la única fuente ¿Qué análisis hacés de la generación de la violencia, más aún en este contexto?

– La cuestión de la violencia no es una cosa monocausal, es multicausal. El gobierno de Milei no tiene solamente a Bullrich liberalizando el acceso a las armas, sino que tenemos funcionarios que constantemente en sus discursos desparraman la violencia todo el tiempo. Ya ni siquiera se trata de la violencia estructural, es un asunto mucho más profundo. Los que estudiamos la cuestión de la seguridad vemos que la gente actualmente está viviendo con miedo, y eso es la permanente sensación de alerta y peligro. Eso hace que las personas pierdan la racionalidad. Entonces tenemos un Estado que propaga la violencia, que flexibiliza controles, que se repliega de los asuntos cotidianos de las personas, que se detonan todas las políticas de control, prevención y concientización de las violencias sino que encima se eliminaron las estadísticas. He sido directora de la Anmac y dentro de allí me dediqué junto con un grupo de profesionales a crear información y estadísticas en su estado más crudo para que los periodistas y los académicos pudiéramos hacer un análisis.

Este gobierno no publicó un solo dato en los dos años que van de gobierno, y la ministra Bullrich publica supuestos indicadores sobre drogas y armas que no se pueden correlacionar con nada. No sabemos en qué porcentaje aumentaron, porque tuvimos el caso de la niña en Mendoza en todos los gobiernos desde 2007, que fue lo que detonó las políticas de desarme y entrega voluntaria de armas en la población. Este programa nacional de desarme no era solamente el recorrido de las provincias y municipios para entregar armas entregadas por la ciudadanía de manera voluntaria con una amnistía penal para lo que era el llevar ese arma que quizás no tenía documentación a un puesto de desarme. Ese programa está frenado, no se retiró una sola arma desde hace dos años.

Todas las instancias de capacitación, concientización y prevención en las escuelas están frenadas, las campañas de concientización en los medios, el alejamiento de las ONG que trabajan en esta temática. Una de las primeras acciones de este gobierno fue desmantelar el consejo consultivo para las políticas de desarme, se frenaron todas las iniciativas de promoción de investigaciones científicas para el estudio de esta temática, el plan anual de prevención de las violencias con uso de armas estaba preparado para que lo inicie el gobierno y los fondos que estaban destinados a todas estas acciones fueron derivadas a otras cosas, no sabemos a cuáles.

Cuando todos estos resortes del Estado quedan absolutamente detonados y la ciudadanía tiene que resolver sus conflictos en soledad porque la justicia es lenta y se desfinancia la educación, lo que lleva al desmantelamiento de los equipos interdisciplinarios, llevan a todas estas situaciones. Que no haya estadísticas es a propósito, para no poder comparar.

– Apuntaste que este tipo de políticas esmerila la seguridad internacional ¿Qué repercusiones tiene esta tesitura por parte del gobierno nacional en la población?

– El miedo y la amenaza que siente la ciudadanía es porque este gobierno no tiene políticas de seguridad. Cuando se utiliza la fuerza de seguridad para reprimir a ciudadanos que están reclamando sus derechos porque se sienten amenazados en sus subsistencia, en el comer, en proveerse de salud, en vez de estar persiguiendo al crimen organizado y al delito, te da la pauta de que este gobierno no tiene políticas de seguridad.

Cuando se han flexibilizado todas las políticas de Aduana, esto también coloca a la Argentina en un plano de amenaza en el escenario de seguridad regional e internacional. Se facilitan las rutas de envío de armamento y municiones por una cajita de courier. Tuvimos un caso en 2023 donde la Aduana detuvo un courier con destino a Brasil que desenmascaró toda una trama desde Misiones hasta Neuquén que estaba fabricando municiones de manera casera y las exportaba a Brasil.

– Mencionaste recién que hace dos años que el gobierno nacional no estaba llevando adelante las responsabilidades de informar las armas que receptaba o secuestraba ¿Cómo es eso?

– La Anmac no estaba recibiendo durante los últimos años, o al menos nunca informó que estuviera recibiendo armas incautadas por jurisdicciones judiciales. Esto significa que los depósitos provinciales siguen estando repletos de materiales, que encima son muy diversos, con armas de todo tipo y caseras. Eso significa que este armamento no sólo no se destruye y reducir los riesgos de posible filtración al mercado ilegal quedan ahí, y ellos tienen que seguir trabajando en prevenir el delito y la violencia en la calle. Entonces la justicia y la policía sigue incautando armas.

El 80% de los delitos en Santa Fe es con uso de armas. La situación en la provincia es mucho más grave que en relación al resto de los distritos, pero la ANMAC hizo dos destrucciones -una preparada desde antes del 10 de diciembre de 2023- y después otra de una muy pequeña cantidad de armas. Hay 60 mil armas listas para ser destruidas y que ocupan un enorme espacio y que la gestión de la ANMAC y el ministerio de Seguridad no tomaron ninguna determinación para destruirlas. Esto impacta directamente sobre la seguridad de las provincias. Santa Fe ha registrado no sólo filtraciones de armamento desde los depósitos judiciales en los años anteriores (durante la gestión de Bonfatti y de Perotti) sino también de fugas de personas que permanecían detenidas allí.

– ¿Se sabe qué pasó con el personal que trabajaba en la Agencia, después de la desarticulación y de la centralización de sus funciones en el Ministerio de Seguridad?

– Bueno, otro de los desmantelamientos de la ANMAC que fue la reducción de personal, entre los cuales se encontraban los inspectores y técnicos que no fueron retenidos por el Poder Ejecutivo. Esto también es una situación de pérdida de capital humano y de saberes desarrollados con el tiempo y con la experiencia que no existe en otros espacios y que es muy difícil de construir. Si estas personas se pierden, todo el dinero, tiempo y esfuerzo invertido en estos cuadros técnicos que tenía la ANMAC se pierde por una cuestión meramente caprichosa.