Siete menores murieron en un bombardeo contra disidencias de las FARC y se profundizaron las críticas al presidente colombiano
La Defensoría del Pueblo confirmó que siete adolescentes reclutados por las disidencias de las FARC murieron en un bombardeo ordenado por el gobierno de Gustavo Petro, la operación más letal de su administración. Medicina Legal ratificó la cifra y remitirá los informes a la Fiscalía, mientras aumentan las críticas políticas y diplomáticas por la estrategia militar del Ejecutivo.
La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció este sábado la muerte de siete menores de edad durante un bombardeo de las Fuerzas Militares contra un campamento de las disidencias de las FARC en Guaviare, una operación que dejó 20 fallecidos y que se convirtió en la más letal del gobierno de Gustavo Petro. Minutos después, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que siete de los cuerpos correspondían a menores, un dato que profundizó el cuestionamiento público y político sobre la ofensiva militar del mandatario.
La operación militar anunciada el martes formó parte de la reciente ofensiva del gobierno colombiano contra los grupos armados, en un contexto en el que el presidente Gustavo Petro enfrenta críticas preelectorales y presiones de Estados Unidos para intensificar la lucha contra el narcotráfico. Como consecuencia de esta ofensiva, solo en la última semana se registraron 28 muertes en distintos bombardeos.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo lamentó profundamente el fallecimiento de los menores, quienes habrían sido reclutados por la estructura disidente comandada por alias Iván Mordisco, líder del Estado Mayor Central (EMC), grupo que reúne a unos 3.200 combatientes que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. La defensora Iris Marín señaló que, si bien la responsabilidad primaria recae en los grupos que reclutan niños, las fuerzas militares están obligadas a tomar “todas las precauciones factibles” para protegerlos.
Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal detalló que recibió 20 cuerpos tras el bombardeo del 11 de noviembre y que, mediante análisis forenses, incluidos cotejos datiloscópicos y cartas dentales, confirmó que siete correspondían a menores, cuatro de ellos hombres y tres mujeres. Además, la entidad anunció que los resultados serán enviados a la Fiscalía, que deberá determinar posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
En este sentido, la Defensoría advirtió que se habría producido una doble violación al DIH: primero, por el reclutamiento forzado de menores por parte de las disidencias; y segundo, por la posible exposición de esos menores a riesgos derivados de la operación militar. La entidad recordó que, incluso si los niños son utilizados como combatientes, conservan una protección reforzada bajo las normas humanitarias.
Acto seguido, el presidente Petro respondió a las críticas mediante un mensaje en su cuenta de X, en el que justificó la decisión operativa. Según el mandatario, la acción militar buscaba evitar una emboscada contra 20 soldados que se encontraban en riesgo ante el avance de unos 150 hombres bajo el mando de Iván Mordisco. “Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”, sostuvo, aunque reconoció que la muerte de menores “es lamentable”.