Rosario mejora su política de arbolado público después de 31 años

Rosario tiene una nueva ordenanza de arbolado público después de 31 años, luego de la aprobación del Concejo Municipal al proyecto presentado por la edila Fernanda Gigliani.

En diálogo con Conclusión, Gigliani contó que si bien “costó bastante tiempo llegar a un consenso”, hoy se tiene “una ordenanza que está a la altura de los tiempos que corren”.

En lo que es un paso hacia adelante en materia ambiental, algunas de las principales características que tiene la nueva normativa es que establece un presupuesto mínimo para proteger el arbolado público, censo y diagnóstico del arbolado existente y un sistema informático ágil para realizar reclamos.

“Nos tocó derogar una ordenanza de hace 31 años, que fue pionera en su momento, pero que necesitaba, sin duda, ser aggiornada. Lo primero, que me parece lo más importante, es tomar la definición de declarar recurso natural y cultural, patrimonio natural y cultural, al arbolado Público. Esto no es una categoría vacía, sino que tiene que ver con una definición política, como sociedad rosarina, que entendemos los beneficios ambientales que genera y, por lo tanto, la corresponsabilidad que tenemos todos los actores estatales, todos los actores del sector privado, cualquier vecino y vecina, fundamentalmente en la conservación del arbolado”, comenzó explicando la concejala.

En ese sentido, manifestó que la ordenanza abarca, entre varios aspectos, cuestiones relacionadas a la agilización de trámites y de reclamos, “ya sea de vecinos que denuncian alguna intervención ilegal en algún árbol o de vecinos que vienen teniendo problemas, que esto para los concejales es muy común cruzarnos con vecinos que tienen un árbol frente a su casa que ya rompió cañerías, que ha rajado paredes, que te dicen que hace 15 años tienen un reclamo en la Municipalidad sin ningún tipo de respuesta”.

Por otra parte, la normativa también contiene lo relacionado con que la información, tanto sea del Plan de Arbolado como del Censo que tiene que hacerse periódicamente cada 10 años, sea de acceso público, y que todos tengan conocimiento de cuáles son los árboles existentes y cuál es el estado de cada uno, como así también de quiénes son las personas jurídicas o físicas que están autorizadas a intervenir.

“Eso le da al vecino que tiene autorización municipal para hacer un trabajo o recurrir a quienes están de alguna manera capacitados para poder hacer ese tipo de intervención”, explicó, haciéndose hincapié en lo que es la reparación ambiental.

Además, se agravaron en el Código de Convivencia las sanciones a las empresas constructoras que muchas veces, hacen perforaciones, envenenamiento, estrangulamiento de los árboles para poder después justificar su extracción, y también otros que directamente ni siquiera lo dibujan en los planos, omitiéndolo y haciendo la extracción de manera ilegal”.

«Hoy en la ciudad tenemos 420 mil árboles en veredas y espacios públicos, de los cuales el 30% corresponde a espacios verdes públicos y el resto al arbolado que está sobre la vereda», aseguró Gigliani.