Las dos caras de Adorni: percibe un sueldo del Estado que detesta y cobró U$S60 mil en un juicio laboral

Antes de percibir un salario millonario del Estado al que dice detestar, el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, realizó un juicio laboral a su empleador con las leyes protectoras del trabajo que ahora quiere modificar para reducir derechos al término más débil de la relación entre capital y trabajo. Por esa demanda, en 2017 el ex vocero presidencial embolsó el equivalente a U$S 60 mil del concesionario de autos Mapemfi S.A, en el que se desempeñó durante 15 años. Eso que hizo legítimamente, ahora lo considera “industria del juicio”.

Adorni, cuyo hermano también cobra un sueldo del Estado en el Ministerio de Defensa, trabajó durante 15 años en Mapemfi S.A., una concesionaria oficial de Renault y también a otras firmas a las que buscó responsabilizar solidariamente por su vínculo con la primera: Centro Automotores S.A., Renault Argentina S.A. y Plan Rombo S.A.

El episodio que desató el conflicto laboral tuvo lugar en 2016, cuando la empresa que lo contrataba le envió a Adorni una carta documento por medio de la cual lo intimaba a justificar inasistencias correspondientes a los días 11 y 12 de mayo de ese año, bajo apercibimiento de considerar abandono de trabajo.

El entonces empleado y ahora funcionario público rechazó la intimación mediante un telegrama laboral, en el que explicó que ese día se le había negado el ingreso a su lugar de trabajo. Según su versión, directivos de la firma le habían anticipado que se preparaba una liquidación por despido sin causa, motivo por el cual intimó a la empresa a aclarar su situación laboral en un plazo de 48 horas.

El vínculo laboral se deterioró y Adorni acudió a la Justicia laboral para hacer valer sus derechos como empleado, esos que ahora busca negarles a los actuales trabajadores. Inició una demanda en el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 66 el 24 de abril de 2017, en la que reclamó que había percibido parte de su salario de modo informal (en negro), por lo que estaban mal liquidados los aguinaldos y vacaciones, entre otros conceptos.

En la demanda, que se conoció públicamente en estos días, el ahora jefe de Gabinete aseguró que percibía parte de su salario de manera no registrada: 15.000 pesos “en blanco” y 45.862,15 pesos mensuales “en negro”. También señaló que la relación laboral se había formalizado dos años después de que había ingresado a trabajar, lo que afectaba su antigüedad en el puesto.

Durante el proceso judicial se realizaron dos audiencias de conciliación: la primera tuvo lugar en junio de 2017 y no hubo acuerdo entre las partes. La segunda se realizó el 12 de septiembre del mismo y permitió cerrar el litigio. En esa instancia, Adorni desistió de la acción contra Renault Argentina S.A., Plan Rombo S.A. y Centro Automotores S.A., y alcanzó un acuerdo extrajudicial con Mapemfi S.A., la empresa de la que había sido empleado, que fue homologado por la Justicia laboral.

Sin reconocer los hechos denunciados, la empresa se comprometió a pagar un resarcimiento de 1.000.000 de pesos, en cuatro cuotas de 250.000 pesos entre septiembre y diciembre de 2017. Al tipo de cambio de ese momento, el monto superaba los 60.000 dólares.

Como si eso no hubiese ocurrido, en su condición de vocero presidencial se refirió en varias ocasiones a la defensa judicial de la protección del trabajo como “industria del juicio”, el modo peyorativo en que denominan a la justicia los empleadores en falta con el cumplimiento de las normas laborales.

En el último coloquio de Idea -la organización que reúne a las principales empresas que operan en le país- el funcionario sostuvo que es necesario “quitarle poder a los caranchos laboralistas”, a quienes responsabilizó por la quiebra de pymes. Se ve que no pensaba lo mismo hace menos de 10 años, cuando acudió a lo servicios de un abogado laboralista para hacer valer sus derechos en el ámbito de la Justicia del trabajo.