Los camaristas destacaron que detrás de la medida impulsada por el Gobierno “se escuda la pretensión de desangrar al poder del sindicalismo y así vaciar de fuerza los reclamos por las condiciones de trabajo”.
El titular de la Secretaría de Trabajo expuso la estrategia que el Ejecutivo planea instrumentar para conseguir modificaciones en las leyes laborales actuales.
En este capítulo Gisela Gentile y Alejandro Maidana dialogaron el abogado laboralista Jorge Elizondo sobre el avance sistemático del gobierno nacional sobre las conquistas obreras.
Este martes el Gobierno nacional acercó a los legisladores el borrador de la nueva Ley de Bases, que propone una reforma laboral menos ambiciosa que la anterior, con blanqueo y moratoria para aquellas empresas que regularicen la situación laboral de sus trabajadores.
La subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, aseguró que la dolarización “no resuelve todos los problemas económicos”, al tiempo que pidió que el ajuste “no recaiga desproporcionadamente sobre la clase media, la clase media baja y los pobres”.
Entre los artículos más resistidos, incluso por la oposición dialoguista se cuentan las emergencias y facultades delegadas, el de las privatizaciones, también el del Impuesto Pais, Biocombustibles, Deuda Pública y Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
"Se va a apelar a cada una de las instancias que haga falta", manifestó el vocero presidencial en la conferencia brindada este miércoles.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió rechazar la apelación y "declarar la invalidez constitucional del Título IV (artículos 53 a 97) del DNU 70/2024, por ser contrario al art. 99, inc. 3º, de la Constitución Nacional".
Antes, el organismo había dictado cautelares en casos iniciados por presentaciones de la CGT, la CTA y de las organizaciones Centro de Capitanes de Ultramar y oficiales de la Marina Mercante, y la Asociación del Personal Aeronáutico.
Asimismo, consideraron que la decisión de suspender ese capítulo "puede traer consecuencias irreversibles" y acusaron de "privilegiar a un sector gremial por sobre los intereses de toda la población".
De esta forma, busca llegar a la Corte Suprema de Justicia para que anule el fallo del tribunal que aceptó una cautelar de la CGT y otra de la CTA de los Trabajadores, mientras estudia si el DNU es constitucional.
La norma plantea un polémico cambio profundo en las relaciones de trabajo entre empleador y empleado, con beneficios para el primero y pérdidas para el segundo, retroceso claro en sus derechos.