JUEVES, 04 DE JUN.

Alertan que los autos importados no tendrán garantía en el país: ¿qué pasará con los repuestos o servicios técnicos? 

“Las exigencias en materia de seguridad y emisiones para los vehículos importados por particulares serían menores que las que deben cumplir terminales e importadores al homologar un automóvil”, alertaron desde la Asociación de Fabricantes Automotores de la Argentina (Adefa).

 

La reciente desregulación que facilita la importación de vehículos 0 kilómetro por parte de particulares generó un cortocircuito inmediato con la industria local. La Asociación de Fabricantes Automotores de la Argentina (Adefa) advirtió a los potenciales compradores que esas unidades ingresarán al país sin garantía oficial.

La entidad alertó sobre riesgos de adquirir modelos que no se comercializan oficialmente en el mercado local y precisó que al no estar homologados por una marca instalada, esos automóviles “carecen de garantía y de soporte de postventa”, lo que dejaría a los propietarios sin acceso a repuestos originales ni servicio técnico especializado ante eventuales fallas.

El reclamo de las automotrices no se centra en la apertura del mercado, sino en la desigualdad de condiciones técnicas y económicas. Desde Adefa explicaron que sus equipos técnicos detectaron que “las exigencias en materia de seguridad y emisiones para los vehículos importados por particulares serían menores que las que deben cumplir terminales e importadores al homologar un automóvil”.

Según precisó el organismo, las terminales que operan en Argentina deben tramitar la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA). Estos procesos demoran más de doce meses, exigen crash tests y calibraciones costosas.

Sin embargo, cuando los autos sean importados por particulares esas licencias serán reemplazadas por un Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), que estará a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv).

La brecha de costos encendió las alarmas en el sector: denuncian que para obtener el CSV, el particular solo debe gestionar un informe técnico cuyo arancel fue fijado en unos $100.000 (20.000 módulos).

Desde la industria calificaron ese monto como “exiguo” en comparación con las inversiones millonarias que realizan las fábricas para certificar la aptitud de sus vehículos. “Es una diferencia en las estructuras de costos”, argumentaron, señalando que mientras las marcas diluyen el gasto en todo su portfolio, el régimen simplificado ofrece una vía rápida y económica que no garantiza los mismos estándares de seguridad ni el respaldo posterior para el usuario.

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