Régimen Penal Juvenil: el oficialismo apura el debate y busca consenso para bajar la imputabilidad a 14 años
La Cámara de Diputados intentará sesionar el próximo jueves 12 de febrero. Aunque el Gobierno nacional pretendía fijar el límite en los 13 años, las negociaciones con los bloques aliados inclinarían la balanza hacia la edad consensuada el año pasado.
La Cámara de Diputados se encamina a una semana de definiciones de alto impacto social. El oficialismo busca acelerar en la Cámara baja la reforma del Régimen Penal Juvenil, con la meta de lograr la media sanción del proyecto durante el actual período ordinario de sesiones.
Si bien la intención inicial del Poder Ejecutivo era profundizar la baja de la edad de imputabilidad hasta los 13 años, la iniciativa generó tensiones con los bloques aliados y sectores «dialoguistas». Estos bloques ya habían manifestado su respaldo a un dictamen previo que fijaba el límite en los 14 años, marcando un punto de conflicto en la estrategia legislativa del Gobierno.
En ese marco, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, confirmó tras una reunión con el titular de la Cámara, Martín Menem, que la intención es emitir dictamen de comisión el miércoles próximo para tratar el proyecto en el recinto el jueves 12 de febrero.
Ritondo aclaró que el texto establecería finalmente la edad de 14 años, respetando el consenso alcanzado el año pasado entre el oficialismo y un sector de la oposición.
El cronograma parlamentario se presenta sumamente ajustado, no solo por el debate sobre la minoridad, sino también por una agenda que incluye temas de fuerte controversia como la reforma laboral y cambios en la Ley de Glaciares. Ante la presión del calendario y la necesidad de asegurar los votos, el oficialismo podría verse obligado a reducir sus ambiciones originales de máxima para garantizar la sanción de la ley.
De esta manera, la próxima semana será determinante para conocer si el Gobierno logra avanzar con uno de sus ejes centrales de gestión en materia de seguridad o si las discrepancias con sus aliados obligan a una redacción más moderada del nuevo régimen penal para adolescentes.