Cuidacoches en Rosario: buscan regular la actividad con iniciativas que se debaten entre la prohibición y el abordaje laboral
La actividad de los cuidacoches desde hace tiempo viene siendo cuestionada, tanto por sectores de la política como de la sociedad. En la ciudad, varios espacios presentaron iniciativas en el Concejo.
“Necesitamos alguna medida que permita que cuando actúa la policía haya una actividad de tipo penal que sirva como represalia legal, porque de lo contrario es solamente una identificación de la persona y se sigue”. Con estas palabras el intendente de Rosario Pablo Javkin defendió modificaciones en la normativa que regula a los cuidacoches en la ciudad.
La chispa la encendió un hecho de violencia registrado días atrás en la zona de Pichincha cuando una persona que se encontraba cuidando vehículos rompió una luneta de un automóvil tras una discusión con un conductor. El hecho sirvió para reavivar un debate que se da desde hace años tanto en la ciudad como la provincia, e incluso a nivel nacional.
En mayo de 2024, la ciudad de Santa Fe fue la primera de la provincia en patear el tablero al aprobar una ordenanza que, directamente, prohíbe la actividad, una iniciativa impulsada por el intendente Juan Pablo Poletti. Luego, le siguió Rafaela, que determinó la prohibición de la actividad de cuidacoches, con un periodo de transición de 60 días.
Mientras tanto, en la Legislatura provincial coinciden dos proyectos. En Diputados legisladores de Unidos, entre ellos Walter Ghione, Ximena García y José Corral, ingresaron una propuesta sobre el tema. En tanto, un proyecto de Ciro Seisas en el Senado provincial unifica el debate y podría ser aprobado en los próximos días.
En el mismo sentido, Rosario se plegó a estas políticas y distintos espacios presentaron iniciativas para tratar la temática. María Eugenia Schmuck, la presidenta del Concejo Municipal expresó que abordar la actividad es uno de los “objetivos de gestión para terminar con la extorsión en la calle”.
Uno de los que decidió tratar la temática fue el concejal Juan Pedro Aleart, cuyo proyecto es el único que contempla la prohibición total de la actividad, y que incluye la figura del arresto en el Código de Convivencia, la cual había sido eliminada cuando se derogó el viejo Código de Faltas.
En diálogo con Conclusión, el edil de La Libertad Avanza, comentó: “La herramienta legislativa tiene que estar, que es lo que falta. El oficialismo tiene el cuerpo legislativo con muy fácil aprobación de los proyectos. Javkin tuvo seis años con mayoría en el Concejo, cualquier proyecto podía ser aprobado y no presentaron ninguno”.
“La ciudad está llena de cuidacoches. Hay extorsiones, mucho malestar de la ciudadanía. Hay una decisión política que se tiene que tomar”, justificó Aleart.
Por su parte, agregó que existen proyectos relacionados presentados a nivel nacional, como la ley Antibarras que “busca resolver este problema en las afueras de los estadios de fútbol, porque los cuidacoches, muchas veces pertenecen a las barrabravas. Así que se intenta que sean considerados como parte de una asociación ilícita”.
Abordaje laboral
“Para abordar la problemática hay que tener claro el diagnóstico. Me parece que el intendente habla de una ciudad que desconoce”, respondió a Pablo Javkin la concejala Fernanda Gigliani. Y aclaró que “fuimos los primeros que presentamos una iniciativa para terminar con esta problemática que tiene cansados a muchos rosarinos”.
Sin embargo, la edil del justicialismo estableció que “hay que separar a los que forman parte de una asociación ilícita como una barrabrava o una banda de narcomenudeo -que no necesitan ninguna modificación del Código de Convivencia, ya que hoy la Justicia podría actuar- con la gente que está fuera del sistema desde hace mucho tiempo y utiliza esta actividad como un medio de vida”.
Si bien la problemática merece un particular tratamiento, para la edil el tema no escapa al oportunismo político para captar la adhesión de distintos sectores del electorado que piden mayor firmeza a la hora de controlar el espacio público: “Hay muchos rosarinos preocupados, pero no ayuda que funcionarios digan frases de alto impacto que en realidad no resuelven el problema”.
En este sentido, remarcó la necesidad de abordar el problema en sus diferentes aspectos: “Hay personas con problemas de adicciones, de salud mental y el Estado tiene que abordarlo e intentar generar una inclusión laboral. El Estado no se puede hacer el distraído. Yo aspiro a trabajar seriamente el tema”.
En tanto, sobre el tema explicó también que “durante las Colectividades el Concejo aprueba que entidades de la sociedad civil puedan cobrar el estacionamiento. Pasa lo mismo con la cooperadora del Hospital Alberdi en zona norte. El estacionamiento medido es una forma en que el Estado autoriza el cobro por usar el espacio público”.
“Cada vez hay más cuidacoches en la ciudad, esto quiere decir que hay más niveles de pobreza y marginalidad. Entonces la gente busca subsistir como sea. El Estado tiene que poner políticas públicas a disposición de estas personas para tengan otro proyecto de vida”, cerró Gigliani.
El crecimiento de la actividad por el dañado tejido laboral y social durante los últimos años para algunos concejales exige un abordaje integral desde la salud y la formación laboral. Mientras que otros proyectos, priorizan el carácter punitivista para intentar poner fin a una actividad, que genera controversias entre los ciudadanos.