La Provincia pidió apartar a cuatro jueces de la Corte de Santa Fe por conflicto de intereses en la reforma jubilatoria

El Gobierno de Santa Fe solicitó el apartamiento de cuatro integrantes de la Corte Suprema provincial al considerar que podrían tener un interés directo en las causas que analizan en medio de la judicialización de la reforma jubilaria. Tras el rechazo del planteo por parte del máximo tribunal santafesino, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario para que la cuestión sea revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese marco, la Provincia recusó a los jueces Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Rubén Weder, al sostener que todos ellos se encuentran alcanzados de manera actual o inminente por el régimen previsional que está siendo cuestionado en la Justicia. Según argumentó el Ejecutivo, esta situación podría comprometer la imparcialidad del tribunal al momento de resolver los amparos presentados contra la reforma jubilatoria.

De acuerdo con la presentación judicial realizada por la Fiscalía de Estado, uno de los ministros, Rubén Weder, ya reviste la condición de jubilado del sistema previsional provincial, aunque su beneficio se encuentra suspendido mientras ejerce el cargo.

Por su parte, Eduardo Spuler inició el proceso para acogerse al retiro, mientras que Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez manifestaron públicamente su intención de jubilarse en el corto plazo.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó el planteo de recusación en dos oportunidades. En ambos casos, la decisión fue unánime, por siete votos contra cero, y el tribunal argumentó que los planteos del Gobierno fueron presentados fuera de los plazos establecidos, ya que varias de las causas vinculadas con la reforma previsional habían llegado meses antes al máximo tribunal.

Frente a esta situación, el Ejecutivo provincial presentó un recurso extraordinario federal ante la propia Corte santafesina con el objetivo de que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para que esto ocurra, el tribunal provincial debe admitir el recurso. En caso de que lo rechace, la Provincia podrá acudir directamente al máximo tribunal nacional mediante un recurso de queja.

En este contexto, el secretario de Seguridad Social de la Provincia, Jorge Boasso, sostuvo que el planteo busca garantizar la imparcialidad del tribunal. “Aquí está en juego el principio y la garantía de la imparcialidad. Estos jueces tienen un interés directo, actual e inminente en el resultado de la causa”, afirmó.

Además, agregó que si los magistrados pueden ser beneficiarios del mismo régimen previsional que está en discusión, “terminan siendo jueces de su propia causa”.

Mientras tanto, la Corte provincial continúa avanzando en el análisis de fondo de los amparos presentados contra la reforma jubilatoria sancionada por la Legislatura santafesina en 2024, que introdujo cambios en el sistema previsional con el objetivo de reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones y garantizar su sustentabilidad.

Entre las principales modificaciones se encuentra la fijación de un tope equivalente a 20 jubilaciones mínimas para los haberes más altos del sistema y la implementación de un aporte solidario para los beneficios superiores a determinados niveles.

A partir de estas medidas, al menos 117 jubilados y pensionados presentaron recursos judiciales para evitar la aplicación del tope de haberes. De ese total, 36 beneficiarios obtuvieron fallos favorables en instancias inferiores y quedaron excluidos de la medida. Según datos oficiales, algunos de ellos perciben haberes que superan los 15 millones de pesos mensuales.

Asimismo, de los 117 amparos presentados, 55 corresponden a jubilados del Poder Judicial y 62 a ex empleados de otras áreas del Estado provincial.

En tanto, dentro del universo de aproximadamente 105.000 beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, actualmente 663 personas están alcanzadas por el tope establecido por ley, lo que representa el 0,63% del total.

Por otro lado, más de 700 jubilados también acudieron a la Justicia para cuestionar el aporte solidario u otros aspectos de la normativa, como la edad jubilatoria, la movilidad o los regímenes especiales.

Finalmente, desde el Gobierno provincial defendieron el alcance de la reforma previsional y sostuvieron que permitió reducir de manera significativa el déficit del sistema.

Según explicó Jorge Boasso, en 2025 el desequilibrio fue de 311 mil millones de pesos, mientras que sin la reforma habría superado los 650 mil millones. “La decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro fue mantener el sistema previsional provincial y evitar su transferencia a la Nación”, concluyó.