Trabajadores del área de discapacidad pararán este viernes: les deben hasta cinco meses de prestaciones
A la falta de pago de prestaciones por parte del Gobierno nacional se suma que los aranceles tiene un atraso del 40%. La semana que viene se prevén dos días de protesta: el miércoles 18 y el jueves 19 de marzo.
Transportistas, instituciones y profesionales que trabajan con personas con discapacidad realizarán un cese de actividades en todo el país el próximo viernes 13 de marzo. Denuncian que en algunos casos hace cinco meses que el gobierno de Javier Milei no abona las prestaciones, al tiempo que observaron que los actuales aranceles tienen un atraso del 40%.
En una conferencia de prensa que tuvo lugar durante la mañana de este miércoles en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), los trabajadores afectados denunciaron que hace meses que obras sociales nacionales, entre ellas Pami e Incluir Salud, no abonan los aranceles por las prestaciones brindadas.
En diálogo con los medios, entre ellos Conclusión, la presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis), Mariel Chapero, manifestó: “Queremos comunicar una medida que hemos resuelto a nivel federal a partir de las situaciones que se vienen sucediendo en este último tiempo, donde la complejidad es cada vez mayor. A nivel nacional convocamos a un cese de actividades el día viernes 13 de marzo. La próxima semana la medida va a ser de dos días, miércoles 18 y jueves 19”.
Sobre la crisis que atraviesa el sector, detalló: “Los aranceles no permiten sostener los servicios, pero además hemos entrado desde el 2025 en un cese de pago. El Gobierno nacional en algunos casos hace cinco meses que no abona las prestaciones que realizamos para las personas con discapacidad, esto hace imposible sostener el pago de trabajadores y afrontar los compromisos que tenemos. La situación es desoladora, es de arrasamiento y muchísima angustia. Cerrar también es un problema, no hay con qué abonar las indemnizaciones ni pagar alquileres, se deben sueldos desde el mes de enero”.
Asimismo, Chapero descartó que el paro del viernes sea con movilización: “Las personas con discapacidad están en una situación muy compleja para poder movilizarse y acompañar esta situación. Los trabajadores del sector están con un gran agotamiento, porque la precarización hace que se trabaje muchísimo. Es una situación muy difícil. Al Gobierno tampoco le interesa o le genera un impacto que salgamos a la calle”.
Y cerró: “En las sucesivas comunicaciones que sostenemos con quien era director e interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), hoy a cargo de la Secretaría de Discapacidad en el marco del Ministerio de Salud, nos piden que tengamos paciencia y confianza, que están trabajando para resolver la situación, que estemos atentos. Son términos textuales. No es posible tener paciencia y confianza si no hay una medida concreta de pago y una actualización de aranceles, tenemos un desfasaje de más del 40%”.
A su turno, el transportista Marcelo López apuntó: “Hace muchos años que estamos con un arancel muy bajo con respecto a las inflaciones, así que el panorama para nosotros es más complejo todavía. Hay transportistas que todos los días dejan de llevar a los chicos porque no tienen para cargar combustible ni para comer. Estamos en una situación crítica y límite”.
López destacó, además, que los transportistas viven con la “incertidumbre” de no saber cuándo saldarán sus deudas: “No hay fecha, nadie atiende, nadie contesta, imagínense que estén seis meses sin cobrar. Hay un arancel que es muy bajo, y así uno cobre algo, no nos sirve. Peleamos por la Ley de Emergencia en Discapacidad, que se aprobó, pero el Gobierno no la cumple”.
Por último, la coordinadora del Área de Accesibilidad de la Facultad de Psicología, Gabriela Fernández, habló de cómo impacta esta situación en las personas con discapacidad: “No se trata solamente del desfinanciamiento de un sistema de salud o del sistema de prestaciones, sino que se trata de vidas y de derechos”.
“Los prestadores –continuó– vienen denunciando la falta de aranceles, pero mirar el problema sólo desde ahí, es mirarlo al revés. Las prestaciones nos permiten a las personas con discapacidad poder existir en la vida social. Sin ellas, se destruye la posibilidad de que los niños de este país accedan a una educación, se extermina la posibilidad de sostenernos en un trabajo, porque no tenemos acceso al transporte. Se reduce también la posibilidad de tener una vida autónoma, no tenemos una mirada de accesibilidad. Vemos arrasada nuestra vida toda”.