El Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, auditó unas 400.000 pensiones por invalidez laboral y detectó irregularidades en el 40% de los casos, por lo que procedería a suspender estas prestaciones.
Los transportistas de personas con discapacidad pidieron que los aranceles de la obra social suban de $470 a $1.000 por kilómetro recorrido. Denunciaron que hace ocho meses que no se actualizan los valores, por lo cual muchos trabajadores abandonaron los padrones de Iapos, precarizando el servicio para los afiliados.
Según informó la Justicia de Río Negro, el imputado tiene entre 16 y 17 años y está acusado de haber abusado sexualmente de una menor en un hotel de Bariloche, cuando estaban de viaje de egresados.
El funcionario del Gobierno de Milei habló de negociados en el otorgamiento de pensiones y como respuesta desnudaron la campaña de desacreditación hacia el sector.
Para la legisladora santafesina, «el gobierno prioriza el equilibrio fiscal a costa de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y continua con el desguace brutal del Estado».
