Juicio por torturas: cuatro policías condenados con prisión efectiva por vejaciones
Se trata de Roberto Salinas, Santiago Morgan, Sergio Romero y Diego Ojeda, acusados por apremios ilegales y no por torturas, como pedía Fiscalía. Los tres primeros cumplirán prisión efectiva por cuatro años, mientras que el último por tres años y medio. Además hubo otras ocho condenas a tres años, pero con cumplimiento condicional. El resto de efectivos, absueltos.
El tribunal penal integrado por los jueces Florentino Malaponte, Fernando Sosa y Gonzalo López Quintana condenó este miércoles a cuatro de los 21 policías que fueron acusados por vejaciones a raíz de un episodio ocurrido el 23 de marzo de 2018 que tuvo como víctimas a siete jóvenes que estaban en las Cuatro Plazas, en barrio Belgrano, y terminaron apresados en la seccional 14º.
Se trata de Roberto Salinas, Santiago Morgan, Sergio Romero y Diego Ojeda, acusados por apremios ilegales y no por torturas, como pedía Fiscalía. Los tres primeros cumplirán prisión efectiva por cuatro años, mientras que el último por tres años y medio. Además hubo otras ocho condenas a tres años, pero con cumplimiento condicional, por falsedad ideológica y haber sido testigos, sin denunciar a sus compañeros. El resto de efectivos, absueltos.
Al respecto, Julia Giordano, abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), en diálogo con Conclusión, sostuvo que «estamos orgullosos del resultado al que hemos arribado, en el sentido que entendemos que hemos recabado la información suficiente y probado, como dijimos al principio de nuestros alegatos, que el hecho sucedió, y eso es lo más importante de todo».
«Lo que las víctimas vienen denunciando hace ocho años, hoy recibe de parte de la Justicia Democrática una resolución que reconoce la existencia de esos hechos. En ese sentido, un orgullo de la querella, y me refiero a quienes se constituyeron en querellantes, y un orgullo, por supuesto, acompañarlos en la representación», agregó.
Sobre las condenas, explicó que «quienes han estado por arriba de los tres años, es decir, tres años y seis meses, cuatro años, se les dictó además la prisión preventiva directamente, y se van detenidos de esta misma sala de audiencia. El resto ha recibido una condena menor, que tiene que ver con la participación diferente que se les ha atribuido, eso lo permite el hecho de que no tengan antecedentes ni condenas previas».
«Cuando nosotros hablamos de que los pactos de silencio subsisten, y subsisten aún recuperada la democracia entre las fuerzas de seguridad, hablamos de eso. Y en este sentido entendemos que el reconocimiento de esa responsabilidad es ejemplar y es un mensaje para las fuerzas de seguridad», reconoció.
La acusación de la fiscal de la unidad de Violencia Institucional, Karina Bartocci, había solicitado penas de entre 5 y 10 años de prisión, además de inhabilitaciones y multa para los agentes, según el delito endilgado a cada uno. Mientras que la querella impulsada por los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Rosario, había pedido hasta 12 años de prisión para algunos de los los imputados.
Una madrugada violenta
Todo comenzó durante la noche del jueves 22 de marzo, cuando un grupo de amigos fijó como punto de encuentro las Cuatro Plazas, un espacio donde suele haber movimiento nocturno. En horas de la madrugada, dos de los jóvenes fueron en moto hasta un kiosco cercano, pero notaron que eran seguidos por un patrullero que tenía las luces apagadas.
Esta situación intimidó a la pareja, por lo que el conductor del rodado decidió dejar a su compañera en la plaza y retirarse del lugar. Instantes después de que la chica regresara con el grupo, del patrullero que los seguía se bajaron dos policías: un hombre que portaba el arma reglamentaria y una mujer que llevaba una escopeta.
“Los agentes, con las armas a la vista, se dirigieron al grupo y de forma violenta les pidieron que levanten las manos y se apoyen contra el patrullero. Mientras tanto, los insultaban, golpeaban, amenazaban y gritaban. Los chicos no sabían lo que estaba ocurriendo, por lo cual empezaron a pedir explicaciones, cosa totalmente infructuosa porque lo único que consiguieron fue que el personal policial se pusiera cada vez más violento y llamara refuerzos”, detalló la abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), Julia Giordano, en diálogo con Conclusión, antes del juicio.
La letrada especificó que los refuerzos fueron solicitados bajo el pretexto de que una de las jóvenes habría llevado una mochila con estupefacientes: “A esta altura de la investigación se comprobó que eso era totalmente falso, hay cámaras que dan cuenta de la persecución en moto y muestran que la chica nunca tuvo una mochila. Tampoco se le secuestró un elemento de estas características a ninguna de las personas que estuviera cerca”.
Tras el pedido de refuerzos llegaron al lugar más de veinte móviles –entre patrulleros, camionetas, motos y vehículos de Gendarmería Nacional– con efectivos que, según denunciaron, siguieron amenazando y golpeando a los chicos.
“El que mayor violencia recibía era un joven llamado Sasha, que seguía reclamando explicaciones y pidiendo que no les peguen. Logró eludir a un oficial y salió corriendo, pero la mujer policía disparó la escopeta y un perdigón le dio en el gemelo, lo que da cuenta que no estaba teniendo ninguna actitud agresiva, sino que estaba de espaldas. No estaba poniendo en peligro a nadie, no había razón para ese disparo”, expresó Giordano.
Y completó: “También hubo una tentativa por parte de un policía de dispararle con su arma reglamentaria, pero los gritos desesperados de los chicos lo impidieron. A los pocos metros Sasha fue interceptado por otros patrulleros y, pese a que se paró y levantó las manos, fue arrojado al piso con fuerza y golpeado salvajemente, esposado mientras lo seguían agrediendo, y le cortaron sus rastas, que en ese momento le llegaban hasta la cintura”.
Más de diez horas en la comisaría
Los siete jóvenes fueron trasladados a la Comisaría 14ª –en Marcos Paz al 6650–, donde permanecieron privados de su libertad hasta las 19 de ese viernes 23 de marzo. “Allí las acciones de tortura prosiguieron, como así también las amenazas y los golpes, sobre todo a Sasha. Se negaron a trasladarlo al médico hasta que se presentó otro policía que exigió esa atención sanitaria”, apuntó la abogada de APDH.
Asimismo, aseguró que en la dependencia policial continuaron las amenazas: “Les dijeron que iban a aparecer todos flotando en el río, que los iban a tirar a una zanja, que los iban a violar, que les iban a inventar causas, que les iban plantar armas y drogas”.
En la comisaría se dio otro hecho de extrema gravedad: un policía abusó sexualmente de uno de los jóvenes detenidos. “Además de forzarlo a desnudarse, cuando le permitieron volver a vestirse, y mientras lo estaban esposando de espaldas, uno de los agentes se aprovechó y, en una actitud abusiva y humillante, apoyó sus genitales sobre los glúteos de la víctima”, señaló la abogada.
Giordano denunció que la privación de la libertad “se extendió durante muchísimas horas” y que los policías que actuaron en el procedimiento no le dieron aviso a la Fiscalía: “Entre la madrugada y la tarde se hizo y rehizo muchísimas veces el acta de procedimiento, porque no podían explicar ni fundamentar lo que habían hecho. Por eso parte de los policías están imputados por consignar elementos falsos en esta documentación”.
Cuando los familiares de los detenidos llegaron a la comisaría no pudieron ver a sus hijos, a pesar de que los chicos no estaban incomunicados –una medida que, según explicó la abogada, sólo puede ser dispuesta por Fiscalía–. Para ese momento el caso empezó a tomar revuelo en la ciudad y la intervención del Ministerio Publico de la Acusación (MPA) se hizo inminente: el fiscal de turno ordenó una serie de medidas preventivas y tomó declaraciones a las víctimas, quienes decidieron seguir adelante con la denuncia.