Veintiún policías fueron juzgados por torturar a siete jóvenes: este miércoles se conocen las sentencias
El hecho, también conocido como el caso de las Cuatro Plazas, ocurrió el 23 de marzo del 2018, cuando los uniformados detuvieron de forma ilegal y sin motivo aparente a siete jóvenes de entre 21 y 23 años, no sin antes golpearlos y amenazarlos. Luego, los trasladaron a la Comisaría 14ª, donde las torturas continuaron por unas diez horas.
El juicio que investigó a veintiún policías acusados torturar, detener de forma ilegal y abusar sexualmente de siete jóvenes rosarinos durante la madrugada del 23 de marzo de 2018 está próximo a finalizar: este miércoles 11 de marzo a las 14.30 se leerá la sentencia. La querella y Fiscalía pidieron penas de entre 6 y 12 años para los imputados.
El juicio –que comenzó el pasado miércoles 18 de febrero– investigó hechos que ocurrieron hace años: en la madrugada del 23 de marzo de 2018, siete amigos rosarinos, que en ese momento tenían entre 21 y 23 años, compartían un encuentro en las Cuatro Plazas –en Mendoza y Provincias Unidas–, cuando policías llegaron al lugar y los detuvieron tras amenazarlos, insultarlos, golpearlos e, incluso, cortarle el pelo a uno de ellos. De allí los trasladaron a la Comisaría 14ª, donde las agresiones e intimidaciones continuaron e, incluso, uno de los chicos fue abusado sexualmente por un uniformado.
Horas antes de que se conozca la sentencia, la abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), Julia Giordano, habló con Conclusión y evaluó: “Fue un desarrollo largo, con veintiún policías acusados no es sencillo producir pruebas. Esta causa se inició hace ya ochos años, cuando siete jóvenes estaban en las Cuatro Plazas y fueron ilegalmente detenidos, privados de su libertad, por policías que hasta ahora no han podido dar cuenta eficaz ni fundadamente de por qué iniciaron ese perseguimiento. Decidimos acompañar en la constitución de querellantes de cinco de las víctimas y finalmente llegó el juicio, con ocho años de atraso”.
“Estamos conformes con la producción probatoria que hemos tenido, pudimos ingresar toda la prueba que teníamos pensada. No hubo ni siquiera un fundamento para el inicio de la persecución. Y, aún cuando lo hubiera habido, lo que sin dudas no tiene ningún fundamento legal es haber maltratado, insultado, amenazado de muerte y abusado sexualmente a los chicos; cortarle las rastas y golpear salvajemente a Sasha Ventura, una de las víctimas; haber impedido, obstaculizado y tardado en que los chicos reciban atención médica y en tenerlos diez horas detenidos en la Comisaría 14ª”, completó la abogada.
Asimismo, se mostró confiada en el proceso: “Hemos podido probar cada uno de los hechos que fueron imputados, desde los delitos de falsedad ideológica, porque por supuesto que en el acta de procedimiento no pusieron que golpearon a Sasha Ventura e inventaron causas de justificación para el procedimiento, hasta las torturas y la omisión –de quienes no participaron de ellas– de denunciarlas. También el abuso sexual simple, porque uno de los chicos fue manoseado por uno de los oficiales mientras estaba en la comisaría; y el robo, en tanto que parte de sus pertenencias no les fueron devueltas”.
“Veremos si el tribunal entiende de la misma manera que nosotros que, a pesar del paso del tiempo, estos delitos deben ser condenados. La realidad es que hay una naturalización de esta violencia ilegítima por parte de la policía, hay mucho miedo a denunciar. Este juicio no fue excepcional por la conducta de los policías, que es la que normalmente escuchamos y vemos todos los días, sino porque las víctimas se pudieron constituir como querellantes”, aclaró la abogada de Apdh.
En este sentido, destacó que desde 2018 a esta parte los cinco jóvenes que se presentaron como querellantes sufrieron “persecuciones, amenazas y amedrentamientos”, pero destacó que tuvieron el “coraje de sostener la denuncia y pelearon porque este juicio se lleve adelante”.
La querella pidió penas de 6 años de prisión para los oficiales que fueron testigos de las torturas pero no las impidieron ni denunciaron, mientras que para los uniformados que tuvieron una “acción activa” en los hechos solicitaron una condena de 12 años.
Sobre las diferencias que presentan con Fiscalía, Giordano detalló: “Coincidimos respecto de las tipificaciones, pero nosotros entendemos que todo lo sucedido terminó configurando tortura. No puede ser una sumatoria de vejaciones, apremios ilegales o amenazas, sino que en su conjunto todo esto configura tortura, esa es la diferencia que tenemos con Fiscalía. No obstante, coincidamos en que los hechos sufridos por Sasha Ventura, quien ha sido más salvajemente golpeado y sufrió el corte de rastas, es tortura”.