El hecho, también conocido como el caso de las Cuatro Plazas, ocurrió el 23 de marzo del 2018, cuando los uniformados detuvieron de forma ilegal y sin motivo aparente a siete jóvenes de entre 21 y 23 años, no sin antes golpearlos y amenazarlos. Luego, los trasladaron a la Comisaría 14ª, donde las torturas continuaron por unas diez horas.
Desde la APDH Rosario denunciaron que la Justicia denegó el traslado del veredicto final a Villa Constitución, como así también rechazó certificados médicos a víctimas y familiares y ordenó que sean estudiados nuevamente, en lo que consideraron es una «revictimización que conlleva daños irreparables y la posible pérdida de pruebas valiosas para el juicio».
El hecho ocurrió durante la noche en la Plaza de la Memoria de Pérez y ya mereció el repudio de la APDH, organizaciones de derechos humanos y espacios políticos. La placa, que fue descubierta hecha pedazos, había sido instalada el 24 de marzo.
El organismo invocó en su presentación el principio de la jurisdicción universal, que establece que si los crímenes de lesa humanidad no son investigados en el país en el que fueron perpetrados, pueden serlo en cualquier otro.
Con la presencia de la cónsul boliviana en Rosario, residentes chilenos, representantes de la Apdh nacional y de Coad, se desarrolló este martes un conversatorio sobre los desafíos del continente en este agitado contexto, y cuál es rol que deben ocupar tanto los argentinos como los latinoamericanos en su conjunto.
