El hecho, también conocido como el caso de las Cuatro Plazas, ocurrió el 23 de marzo del 2018, cuando los uniformados detuvieron de forma ilegal y sin motivo aparente a siete jóvenes de entre 21 y 23 años, no sin antes golpearlos y amenazarlos. Luego, los trasladaron a la Comisaría 14ª, donde las torturas continuaron por unas diez horas.
Desde la APDH Rosario denunciaron que la Justicia denegó el traslado del veredicto final a Villa Constitución, como así también rechazó certificados médicos a víctimas y familiares y ordenó que sean estudiados nuevamente, en lo que consideraron es una «revictimización que conlleva daños irreparables y la posible pérdida de pruebas valiosas para el juicio».
Referentes de Abuelas, H.I.J.O.S., Nietes y APDH coincidieron en que este 24 de marzo es particular: es el primero con un Gobierno nacional que reivindica lo ocurrido durante la última dictadura cívico militar y niega los 30.000 desaparecidos. Ante la proliferación de los discursos de odio, los organismos apelan al legado de madres y abuelas para seguir buscando a los nietos que faltan y luchar para que no haya retrocesos judiciales en las condenas a genocidas.
Las organizaciones que se manifestaron el jueves en Plaza 25 de Mayo, cuando detuvieron a siete jóvenes que pintaban una vereda, se reunieron con la Fiscal Regional María Eugenia Iribarren, quien les dijo que “la Policía actuó por orden del Poder Ejecutivo” de la provincia.
Un nuevo aniversario de la revuelta social del 19 y 20 de 2001 trae consigo una enorme cantidad de continuidades. En ese contexto, el concejal peronista Mariano Romero y la vicepresidenta de APDH Norma Ríos reflexionan sobre un actor que pudo ser la diferencia: las organizaciones sociales
