Por Manuel Parola

“Uno. El que las hace las paga. Dos. Argentina va a crecer. Tres. Conmigo, el ajuste lo hace la política y no el pueblo”. La trinidad de la austeridad liberal fue dicha varias veces en la televisión argentina. Este fragmento fue dicho por un presidente, pero aunque tenga un cierto aire de actualidad, no se trata de los dichos de Javier Milei, sino de uno de los spots de campaña de Fernando “Chupete” De La Rúa, en 1999.

Muchas son las coincidencias con aquella época, en la que Patricia Bullrich ostentaba un cargo en el gabinete de ministros discutiendo con líderes sindicales en cada aparición televisiva. El país estaba endeudado con el Fondo Monetario Internacional, la población estaba sumida en la pobreza, el dinero tampoco alcanzaba para parar la olla y el peronismo salía del gobierno nacional inmerso en un desastre económico, social y político. 

Muchas de ellas nos hacen reflexionar sobre las razones que llevaron al estallido social del 19 y 20  diciembre del 2001, que trajo una de las expresiones más tenebrosas de la represión estatal y se llevó la vida de más de 40 personas en todo el país.

Ahora bien, hay elementos que no existían durante aquel entonces y que 22 años después están presentes: las redes de contención que durante el macrismo organizaron a la población, durante la pandemia alimentaron como pudieron a los más excluidos y que durante la segunda mitad del gobierno de Alberto Fernández fueron las que sostuvieron a la población.

«Una de los cambios fundamentales es que hay un nivel de organización muchísimo más alto, solamente en escalas sino también en calidad de construcción, y sostenida durante mucho tiempo. Hay algunas organizaciones sociales que ya tienen más de 20, 22 años de trayectoria”, dijo Mariano Romero, concejal peronista de Rosario y militante territorial con extensa trayectoria en  los barrios más periféricos y carenciados de la ciudad.

«Hoy las organizaciones sostienen tareas que tradicionalmente el Estado sostuvo, como por ejemplo los dispositivos de consumos problemáticos los sostienen las organizaciones sociales en el territorio. Los jardines maternales, los espacios de primera infancia, son todos en convenio con organizaciones sociales, entonces hay un bagaje y una construcción ahí que es muy grande entre el Estado y las entidades que están organizadas en el territorio».

Foto: Marcelo Bustamante, de La Capital

Las organizaciones sociales, el engranaje del reloj

La vicepresidenta nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Norma Ríos, fue una de las militantes que llevó adelante la gran presencia que el organismo tuvo en cada una de las comisarias y seccionales policiales para poder sacar por intermediación judicial a los manifestantes que eran apresados por las fuerzas del orden, y acompañar a las familias de los barrios durante los pedidos de entrega de alimentos en las villas, las cuales define como “bajo el fuego constante de la policía”.

“El tema fundamental es el contexto. Veníamos de ocho años de pelea contra Menem. La gente tenía mucha hambre, pero había una cuestión de conocimiento y sostenimiento en las barriadas populares de una forma de trabajo”, sostuvo la histórica militante, y recordó: “La gente venía de trabajar y los que se quedaban sin laburo eran los hombres y las que salían a bancar eran las mujeres”

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Según Norma, “los piquetes antes eran de a miles». «La barriada popular salía a cortar porque tenían hambre, y acompañaban las organizaciones sociales, los universitarios, un montón de gente. Después del kirchnerismo, muchas de estas cosas se institucionalizaron, el Estado después de Menem estaba completamente desguazado, pero había organización en la gente”.

La ex trabajadora bancaria recuerda que cuando las personas salían a la calle a manifestarse, lo hacían sin organización: “No tenía una dirigencia que le diera un orden a la gente, por eso hubo el nivel de muertos y de presos que tuvimos. La desesperación, más allá de la organización, era tremenda. Hoy no se ha llegado a lo que era el 2001, porque mal que mal la gente tiene muchos años de pelearla y  tienen acceso a muchos más recursos”.

En este sentido, Mariano Romero apunta que actualmente la organización social tiene un rol fundamental porque “es la que conoce la realidad del día a día, porque está integrada por vecinos de sus propios barrios». No obstante, el militante apuntó que «hoy la comunidad no está organizada”.

«El sector que está organizado a través de las organización sociales es una parte incluso pequeña de quienes viven en los barrios populares. Eso es un déficit de la política, muchas veces no reconocer el valor. Hemos visto a dirigentes plantear cuestiones como que hay que eliminar la mediación de las políticas sociales, que directamente tengan como actor al Estado y al beneficiario. Pero es muy difícil que un funcionario conozca la realidad de cada uno de los 112 barrios populares de Rosario. Entonces quien tiene que dar la precisión de quién tiene que llegar y qué cosas a cada quien tiene que ser aquella persona que conozca ese paño, esa realidad, y eso está necesariamente atado con los actores de la comunidad social».

Gentileza diario El Ciudadano

Uno de los elementos que ha originado esta distancia ha sido la cuestión técnica: el método para la articulación entre la ciudadanía y el Estado, y la técnica en tanto materialidad para conectar con esa persona que busca llegar a un beneficio estatal o a un servicio. Rosario es hoy la ciudad de peor índice de acceso a la conectividad en el país, aún después de Mar del Plata y las provincias del norte argentino. Por caso, muchas trámites estatales son necesariamente realizados por internet mientras que el formulario para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) lanzado por el gobierno de Alberto Fernández debía ser tramitado virtualmente: la distancia entre la estructura estatal y la realidad de la población objetivo además de evidente es abismal.

«El ejemplo de la pandemia es, en todas las aristas, fundamental. Por ejemplo, en los barrios populares de muchas ciudades no hay conectividad. Las escuelas decidieron a través del Estado el dictado de clases por medio de la conexión virtual, y esa conexión virtual en muchos casos no se daba y en otros se daba a través de la organización comunitaria que tenía acceso conectividad en la cercanía de un barrio y que podía resolver ese problema a esos pibes. Las familias de trabajadores de la economía popular que viven de changas y que estaban aislados por contagios de coronavirus, la entrega de las asistencias sociales, de los bolsones de comida para esas familias o incluso la incorporación a los calendarios de vacunación lo hacían las organizaciones sociales, porque eran quienes sabían dónde vivía en cada asentamiento cada persona. Esa es una tarea que, organizada desde arriba, con personas que son ajenas a la realidad de ese territorio, por más bienintencionada que sea, es muy difícil poder llevarla adelante».

La oportunidad del futuro: analizar para ver

Romero observa con «preocupación» el futuro de las capas más populares de la ciudad, en vistas de los ajustes en materia económica que se han reflejado de forma directa en el bolsillo de cada una de las personas de las villas: «En estos cuatro años, la gestión municipal ha sido muy mala en cuanto lo que hace a los abordajes sociales. No ha tenido un un tacto significativo, incluso ha tenido conflictos con trabajadores de la economía popular», señaló el edil, y recordó el caso de las cajas del Plan Cuidar en la casa de Ariel «El Viejo» Cantero: «Hemos tenido situaciones graves, como por ejemplo el hallazgo de los bolsones de de mercadería de la Municipalidad en casa de narcotraficantes, y eso no es una mala intención o un vínculo con el delito, es simplemente el desconocimiento del territorio».

Foto: Daniel Carrizo, de La Capital

Norma Ríos reflexiona que “hoy la gente más miserable votó a Milei». «El proyecto de los genocidas lo terminaron los gobiernos constitucionales posteriores. El kirchnerismo dio un montón de proyectos, pero no volvieron sobre las escuelas técnicas cerradas durante los 90, no volvieron sobre la situación más estructural de la gente. Eso no se revirtió y esto sigue en una espiral en donde los chicos, la salida que tienen es un búnker. Una fábrica, con lo que paga en 8 horas, no le alcanza a un pibe para poder vivir y nadie se pone a pensar la diferencia entre quienes ofrecen un laburo y los que ofrecen un arma para ganar plata fácil. Acá no hay culpables, acá la sociedad es culpable de mirar para otro lado, siempre se están poniendo curitas en el 100% de las quemaduras del cuerpo”.

Así mismo, “hay un sector de la militancia que ya está cansada, porque durante los 90 y los primeros días del siglo XXI estuvimos defendiendo siempre a los trabajadores y a los sectores más desfavorecidos”.

“Una sociedad arrasada por la violencia, por los narcos, lo único que puede pedir es mano dura, siendo que hay montón de cosas para exigir. Lo que falta es la coordinación para la lucha, o la conciencia de clase. O conciencia, porque la conciencia de clase es muy complicada. Esto tiene que ver con el ‘no al odio’”, reflexionó la militante por los derechos humanos. 

Romero, en tanto, apuntó que «esa política de poder centralizar a través de la Municipalidad o a través del Estado, sobre todo con funcionarios que no vienen de un trabajo social en los barrios y tampoco viven en esos territorios, es dificultoso a la hora de poder implementar esas políticas». «No por mala fe, sino simplemente por desconocimiento, y si seguimos en ese rumbo, la tarea va a ser compleja. En un contexto donde el Estado Nacional se va a correr, tanto el municipio como el Estado provincial van a tener que tener una fortaleza muy grande».